La última condición de los partidos independentistas para aprobar los Presupuestos es que se nombre a un «relator» que certifique el diálogo que mantienen con el Gobierno sobre Cataluña dentro de la llamada «mesa de partidos». Lo ideal para los secesionistas era que dicho mediador hubiese sido internacional –designado por la ONU, a ser posible– para escenificar el conflicto entre dos naciones soberanas que tienen un litigio territorial, pero al Gobierno le ha parecido suficiente con un intermediario nacional y «neutral», aunque desarrolle la misma función sonrojante para cualquier país democrático.

No hay ningún gobierno de nuestro entorno que se rija por el régimen parlamentario liberal que para negociar sus presupuestos ponga encima de la mesa nombrar un mediador para los sucesivos encuentros políticos con sus aliados. Este hecho, por más disparatado que parezca, da la medida de la extrema debilidad de Pedro Sánchez, su supeditación a los independentistas y sus ilimitados recursos más allá de lo éticamente exigible a cualquier gobernante para incumplir su principal compromiso: convocar elecciones. De esa circunstancia se deriva todo lo demás.

En primer lugar, se trata de una condición de los independentistas que, ateniéndonos a los hechos, no es casualidad que el anuncio de la aceptación del «relator» se produzca el mismo día que ERC ha registrado en el Congreso su enmienda a la totalidad a los Presupuestos. No sabemos si forma parte de uno de esos «gestos» que la Generalitat estaba demandando al Gobierno, pero lo cierto es que ha sido bien recibida –«suena bien», dijo la portavoz nacionalista– y se ajusta a lo requerido por una mesa en la que debe tratarse el «problema político» de Cataluña, sin límites para abordar asuntos que afecten a los presos separatistas o al reconocimiento del derecho de autodeterminación.

«Alguien que pueda tomar nota, que pueda convocar, que pueda coordinar», dijo ayer la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, como si la segunda responsable del Ejecutivo no fuese un aval suficiente. Alguien, en definitiva, que dé «fe» –según expresión de Miquel Iceta– de las conversaciones y continuidad a una mesa de diálogo político sin cortapisas. En estricta definición diplomática un «relator» es un experto independiente para examinar e informar sobre la situación de un país o un tema específico de los derechos humanos. En definitiva, es un nuevo actor en la ya de por sí poblada escena teatral construida por el «proceso», un elemento que añade más confusión en la absoluta perversión del lenguaje introducido por el independentismo y que ayer Carmen Calvo hizo suyo y llevó a niveles cinematográficos. «Si dialogar es un delito, soy culpable y espero condena», sentenció.

Por último, la «neutralidad» de dicho mediador exige algo que ningún gobierno pude aceptar: equidistancia sobre los graves sucesos de octubre de 2017, de los que sus interlocutores no se han arrepentido y están dispuestos a repetir. Como prueba de esa ceremonia oscura en la que el Gobierno se ha embarcado, la Generalitat hizo público el documento de 21 puntos que Joaquim Torra entregó a Pedro Sánchez en la reunión «bilateral» que mantuvieron en Barcelona el pasado 21 de diciembre.

Se trata de un verdadero panfleto que, desde la primera a la última palabra, es un insulto a la democracia española, a sus instituciones y a sus ciudadanos. Si sobre esa base se debe establecer un diálogo «sin límites y sin condiciones», tal y como afirma, Sánchez tiene un grave problema y lo tiene también España. En estas condiciones, por puro sentido de la responsabilidad, no se puede seguir manteniendo esta legislatura. Sánchez ha sobrepasado todas las líneas, degradando la vida política y el sentido de la lealtad institucional. El votante socialista también lo sabe.