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El Gobierno se compromete con la UE a acoger a 15.000 inmigrantes pese a la masiva llegada de ilegales en pateras

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Desde la puesta en marcha del programa de la Unión Europea para la reubicación y reasentamiento, el Gobierno español ha acogido a 2.892 personas hasta el 24 de octubre, lo que supone que queda pendiente algo más del 80% del cupo comprometido, según datos oficiales.

En el año 2015, los Estados miembro de la Unión Europea se comprometieron a reubicar y reasentar a 160.000 solicitantes de asilo en dos años, un plazo que expiró en septiembre de 2017. El Gobierno español, que se comprometió a acoger a 17.337 personas, ha recibido a 2.890, es decir, el 16,6% de la cuota pactada, por lo que todavía faltarían por llegar unas 15.000 personas.

“La obligación para los estados continúa porque las obligaciones del Consejo Europeo son vinculantes, así que la obligación de las cuotas que aceptaron los estados nunca han cesado realmente”, ha argumentado la directora de políticas y campañas y coordinadora estatal del servicio jurídico de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Paloma Favieres, que precisa que lo que expiró fue el programa de la Comisión Europea de reubicación.

Del total pactado con la UE (17.337), España se comprometió a reubicar a 15.888 personas que se encuentran ya en Europa. Desde el 2015 hasta el 24 de octubre de 2018, España había reubicado a 1.359 solicitantes de asilo que llegaron por mar a las costas de Grecia e Italia, 1.124 y 235, respectivamente. Este año han sido reubicadas desde Grecia e Italia un total de 31 personas, frente a las 721 en 2017, 589 en 2016, y 18 en 2015.

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Todo ello teniendo en cuenta que España está registrando una cifra récord de pateras, con las llegada de 47.684 inmigrantes a las costas, superando así las alcanzadas durante la ‘crisis de los cayucos’ de 2006, cuando llegaron 39.180, principalmente a las costas canarias.

Reubicaciones sobrevenidas

Además de este recuento oficial, hay que añadir las reubicaciones sobrevenidas y “voluntarias” de inmigrantes y refugiados rescatados por buques de salvamento en aguas del Mediterráneo que desembarcaron en suelo europeo.

En este cupo están los 74 inmigrantes que el pasado 4 de octubre llegaron a España desde Malta, tras ser rescatados este verano por el buque ‘Aquarius’ y que el Gobierno se comprometió a acoger en virtud de dos acuerdos alcanzados con otros países de la Unión Europea.

Asimismo, se contabilizan otras 21 personas que, tras ser rescatados de un naufragio frente a las costas de Libia el pasado mes de junio, desembarcaron en el puerto siciliano de Pozzallo. Fuentes del Ministerio insisten en que “está previsto” que vengan a España otras 29 personas desde Pozzallo, aunque de momento se desconoce la fecha de llegada.

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Compromisos de reasentamiento

Para dar asilo a personas que están en terceros países, los 22 estados europeos se comprometieron a reasentar a 22.504 solicitantes de asilo en dos años. En concreto, España se comprometió a acoger por esta vía a 1.449. Hasta el 24 de octubre, han llegado 1.438 personas desde campos de refugiados de países limítrofes al conflicto sirio: 998 desde el Líbano y 440 desde Turquía, por lo que España se acerca al cumplimiento de los acordado con la UE. En concreto, 289 personas han sido reasentadas en 2016 (57 desde Turquía y 232 desde Líbano) y 1.071 en 2017 (368 desde Turquía y 703 desde Líbano), todas de nacionalidad siria.

Respecto a los reasentamientos realizados en 2018, 63 personas han llegado desde Líbano y otras 15 desde Turquía: 78 en total que, según fuentes del Ministerio, han llegado este año pero pertenecen al Programa Nacional de Reasentamiento de 2016.

Desde el año 2015, el Gobierno ha aprobado programas de reasentamiento condicionados por los compromisos asumidos en la UE para acoger a refugiados por esta vía. Así, España quiere acoger a las 1.449 personas, distribuyéndolas entre los programas del año 2015 (854 plazas); del año 2016 (725 plazas), y del año 2017 (1.000 plazas). Estos planes pueden ejecutarse durante el año posterior a su aprobación en Consejo de Ministros, que es cuando les reconoce la protección internacional, pero hay casos en los que los refugiados no viajan hasta dos años después.

Por ejemplo, en ejecución del programa de 2016, llegaron 506 personas el año pasado y otras 78 en lo que va de 2018. Fuentes del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social han recalcado que se ha cumplido un 80% de la cuota fijada en él, precisando que si no se cumplió “íntegramente” es porque hubo personas seleccionadas para la acogida que “renunciaron” a venir a España “por distintos motivos”. Asimismo, han añadido que el margen de los expedientes remitidos por el ACNUR para la selección fue “muy escaso” y, por eso, “no se pudieron sustituir unas personas por otras”.

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Respecto al último Programa de Reasentamiento aprobado en 2017, en él se acordó reasentar a 1.000 personas a las que está previsto que se les reconozca la protección internacional” en 2018 y que viajen a España a partir de diciembre. Ese mes, previsiblemente, el Gobierno debe llevar al Consejo de Ministros el nuevo Programa de Reasentamiento de 2018, a ejecutar en 2019.

“Abandonada” por la UE

Desde CEAR destacan que la agenda española está en el reasentamiento, en concordancia con la europea. “En este momento la agenda migratoria europea no está por seguir avanzando en la reubicación”, ha manifestado, apuntando que “la reubicación ni está ni se la espera”, mientras gana fuerza la idea de crear plataformas exteriores para desembarcar a los náufragos rescatados, el impulso de acuerdos de readmisión entre estados y la modificación de la directiva de retorno.

Favieres ha reivindicado la necesidad de que se pongan encima las plazas de reubicación. “La situación en las islas griegas está fatal, la Comisión Europea ha abandonado a Grecia y hay gente atrapada. Es el peor campo de refugiados en territorio de la UE”, ha subrayado.

“La situación es terrible y ahí debería estar más el foco”, ha insistido, lamentando que no se haga “la más mínima referencia a seguir desatacando y sacando a la gente de ese infierno”. En este sentido, Favieres ha expresado dudas acerca de que el Gobierno reactive la vía de la reubicación para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo, que recientemente condenó a España por incumplir parcialmente sus obligaciones administrativas de tramitación de solicitudes de asilo de refugiados procedentes de Grecia e Italia.

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“Vamos a cumplir los incumplimientos de la administración anterior. Los compromisos están para cumplirse”, aseveró el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez ,tras conocer el fallo judicial. De hecho, desde el Gobierno señalan que “ya están trabajando” con ACNUR y con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para ejecutar la sentencia.

Fuentes de la OIM España han asegurado que “sigue colaborando con el Gobierno en las reubicaciones desde Italia” y “está a su disposición para identificar junto con otras agencias cómo se puede cumplir con los compromisos y obligaciones internacionales”.

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“Alvise” Pérez lo vuelve a hacer: el analista destapa un nuevo caso de corrupción en el PSOE

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En las soleadas y acomodadas calles de Sotogrande, el chiringuito Gigi’s Beach era más que un mero refugio costero; se convirtió en ejemplo de cómo la corrupción y el poder se mezclan como el hielo y la ginebra en un vaso de highball.

Entre los clientes frecuentes que Alvise Pérez analizó en escuchas activas, se encontraba el alcalde de San Roque, Ruiz Boix, un personaje sacado directamente de una novela de intrigas políticas.

Su presencia en Gigi’s no era casualidad; su esposa, conocida por su habilidad para intimidar a los camareros hasta conseguir que la cuenta desapareciera, actuaba como la perfecta antagonista en este relato de privilegios no ganados.

Boix, en un juego de apariencias, se reunía a menudo con empresarios locales en una mesa apartada, junto a los alcaldes de La Línea y Algeciras, formando un tridente inseparable de camaradería.

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La rutina era siempre la misma: botellas que fluían libremente, visitas sospechosas al baño, y gestos descarados hacia la nariz que no hacían más que alimentar los rumores de cocaína.

El murmullo del pueblo y los audios grabados tenían nombres y detalles: Juan José Moncayo Agüera, amigo del alcalde y dueño de dos restaurantes, y Carlos Molina Muñoz, un teniente de la Guardia Civil cuya carrera se vio manchada por acusaciones de narcotráfico y otros delitos.

Se decía que este trío no solo compartía botellas sino que también estaba inmerso en el lavado de dinero procedente del narcotráfico. El ascenso meteórico de Moncayo, de simple barman a magnate de la restauración, fue visto no como un cuento de hadas, sino como una fábula de corrupción.

Coches de lujo, remodelaciones costosas y escapadas europeas.

Todo era impunidad hasta que Alvise Pérez, en lo que muchos critican como “extorsión” y “amenazas inmorales”, logró hace días que uno de ellos proporcionara la información adecuada.

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Ahora, mientras las olas rompen suavemente en la costa, esta Comunidad espera pacientemente, sabiendo que la marea de la justicia, aunque lenta, eventualmente llega a la orilla. 🐿️

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