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España trabaja ya en la recuperación de edificios públicos «en desuso» que se destinarían a acoger inmigrantes solicitantes de asilo y que, como tales, tienen derecho a alojamiento si cumplen determinados requisitos. Así lo ha anunciado este mediodía el ministro de Inclusión, Servicios Sociales y Migraciones, José Luis Escrivá, que ha insistido en la necesidad de aumentar «la capacidad de acogida pública» de estas personas.
Escrivá, que ha comparecido hoy en la comisión parlamentaria de su área para exponer los objetivos de legislatura, ha subrayado que lo que se impone en estos momentos es buscar un consenso en materia migratoria, «un gran pacto nacional sobre migración, para favorecer la migración legal», en función el cual se garantice que ese flujo sea «lo más ordenado, seguro y adecuado a las necesidades de nuestro país». Para reforzar esta idea, ha advertido de que «está en juego mantener nuestro Estado del bienestar», en parte sostenido gracias a la participación de estas personas en el mercado de trabajo, que a medio plazo requerirá aún más mano de obra venida de fuera.
En este sentido, el ministro ha indicado que, «aunque la prioridad es dar oportunidades de trabajo a los españoles que no la tienen», ha llegado la hora de articular actuaciones dirigidas a identificar desajustes en ese mercado laboral, conocer qué vacantes se van a producir, para organizar cuántos y qué perfiles de inmigrantes se van a requerir. Dentro de esta tarea, ha considerado imprescindible reformar la ley de Extranjería del año 2000 para corregir la «rigidez burocrática enorme» que hoy impone la existencia triple régimen: general, de trabajadores cualificados y de ciudadanos comunitarios.
En términos de asilo, el titular de Migraciones ha recordado que a lo largo de 2019 se registraron 10.000 peticiones al mes y que solo en enero se elevaron a 18.000. Se está reforzando el sistema de acogida, las capacidades administrativas asociadas a la gestión humanitaria de esta población, ha dicho, dentro de lo cual se prevé esa revitalización de edificios hoy en desuso mencionada al inicio o la recuperación del decaído Fondo Estatal para la Integración, dotado con 70 millones de euros, que se empleará en colaborar con administraciones que colaboren en ese ámbito.
