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Economía

El Gobierno quiere que el Banco de España “pida perdón”

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Yolanda Gómez.- Hoy hemos conocido el buen comportamiento del mercado laboral en el mes de mayo, en el que la ocupación creció en 211.752 trabajadores, acercándose ya el número de afiliados total a los 19,5 millones. Son, sin duda, buenas cifras por las que todos debemos felicitarnos.

Sin embargo, más que de los buenos datos de paro, de lo que hoy todo el mundo está hablando es de la reprimenda que la secretaria de Estado de Empleo ha echado al Banco de España. Yolanda Valdeolivas, ha instado al organismo supervisor a que «pida perdón» y deje de lado «los malos augurios» sobre el mercado de trabajo por la subida a 900 euros del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) porque «no se corresponden con la realidad». Recordemos que el pasado mes de febrero, el Banco de España auguró que esta subida, superior al 22% sobre el salario mínimo, podría traducirse en la pérdida de 125.000 empleos.

Resulta cuanto menos extraño que el Gobierno diga a un organismo autónomo y en teoría independiente lo que debe o no debe hacer y cómo deben ser sus previsiones. Pero además es que no ha sido solo el Banco de España, sino que la mayoría de los analistas y de los organismos internacionales, como el FMI, han advertido de los efectos adversos que puede tener una subida de golpe del salario que normalmente reciben los trabajadores menos cualificados y especialmente jóvenes y mujeres. No se si la secretaria de Estado extenderá esta exigencia de petición de disculpas a todos ellos.

En todo caso, haría bien Yolanda Valdeolivas en no lanzar tan pronto las campanas al vuelo. Esta situación nos recuerda demasiado al debate en 2008 entre Solbes y Pizarro, en el que este último recibió todo tipo de críticas e insultos por agorero y después vino lo que vino. Espero y deseo que la historia no se repita y que sea el Banco de España y los teóricos de la economía quienes fallen en sus previsiones y no, una vez más, un Gobierno socialista incapaz de adelantarse y prever las futuras crisis.

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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