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El Gobierno limitará la circulación de los ciudadanos en toda España a partir del lunes

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El Consejo de Ministros extraordinario celebrado esta mañana ha decretado el estado de alarma en todo el país como había avanzado 24 horas antes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y limitará la libre circulación de personas. Así figura en el texto normativo que ha aprobado el Ejecutivo.

Con el estado de alarma aprobado por el Gobierno, tan solo se podrá salir a la calle para efectuar las siguientes actividades: adquirir alimentos, productos farmacéuticos y bienes de primera necesidad, además de para acudir al trabajo y volver al domicilio. También para acudir a los centros de salud y para atender a las personas mayores. Y también para el retorno al lugar de residencia habitual y para desplazarse a una entidad financiera.

En el decreto el Gobierno se erige como la autoridad competente. Bajo la dirección del presidente del Gobierno habrá cuatro ministros como autoridades delegadas: la ministra de Defensa, el ministro de Interior, el ministro de Transportes y el ministro de Sanidad. El Ministerio de Interior asumirá el mando de las policías locales y autonómicas.

«Los integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales quedarán bajo las órdenes directas del titular del Ministerio del Interior, a los efectos de este Real Decreto, en cuanto sea necesario para la protección de personas, bienes y lugares pudiendo imponerles servicios extraordinarios por su duración o por su naturaleza», refleja el decreto.

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Intervención del Ejército

En este marco excepcional, «los agentes de la autoridad podrán practicar las comprobaciones en las personas, bienes, vehículos, locales y establecimientos que sean necesarias para comprobar y, en su caso, impedir que se lleven a cabo los servicios y actividades suspendidas en este Real Decreto». Además, para que estas estrictas medidas las autoridades competentes podrán requerir la actuación de las Fuerzas Armadas.

El decreto establece también que cada Administración «conservará las competencias que le otorga la legislación vigente en la gestión ordinaria de sus servicios». Pero deja claro que esa capacidad competencial debe estar orientada a «adoptar las medidas que estime necesarias en el marco de las órdenes directas de la Autoridad Competente», es decir, del Gobierno.

Ese mantenimiento de competencias no debe entrar en colusión con lo establecido en los artículos anteriores y en los que se establece la preponderancia del presidente del Gobierno y de los cuatro ministros antes mencionados.

Además, en el ámbito laboral se decreta que todos los empleadores, ya sean públicos o privados, «estarán obligados a facilitar medidas que permitan la prestación laboral o funcionarial de los empleados por medios no presenciales siempre que ello sea posible».

Suspendidas las clases presenciales

En el ámbito educativo van a quedar suspendidas todas las actividades presenciales en todas las etapas educativas. También se limita la permanencia en los establecimientos comerciales cuya apertura esté permitida, que según el decreto «deberá ser la estrictamente necesaria para que los consumidores puedan realizar la adquisición de alimentos y productos de primera necesidad, quedando suspendida la posibilidad de consumo de productos en los propios establecimientos».

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Se suspende además la apertura al público de los locales y establecimientos en los que se desarrollen espectáculos públicos, las instalaciones culturales y artísticas y las actividades deportivas y de ocio. También las actividades de hostelería y restauración. Las cafeterías y restaurantes permanecerán cerrados al público, pero podrán prestar exclusivamente servicios de entrega a domicilio. Quedan suspendidas asimismo las verbenas, desfiles y fiestas populares.

Aplicación inmediata

Todas las medidas de este decreto entrarán en vigor de inmediato, en cuanto se produzca su publicación en el Boletín Oficial del Estado, salvo aquellas referidas a la limitación de la libre circulación de personas, que entrarán en vigor a partir del lunes 16 de marzo a las 8 de la mañana.

Para reforzar el sistema sanitario, se decreta que todas las autoridades civiles de la administraciones públicas del territorio nacional, y en particular las sanitarias, «así como los demás funcionarios y trabajadores al servicio de las mismas, quedarán bajo las órdenes directas del ministro de Sanidad en cuanto sea necesario para la protección de personas, bienes y lugares, pudiendo imponerles servicios extraordinarios por su duración o por su naturaleza».

En este sentido, el ministro de Sanidad «podrá ejercer aquellas facultades que resulten necesarias a estos efectos respecto de las centros sanitarios privados».

Suministro de bienes y alimentos

Para garantizar el suministro de bienes y servicios necesarios para la protección de la salud pública, el ministro de Sanidad tendrá facultad para «intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, incluidos los centros, servicios y establecimientos sanitarios de titularidad privada, así como la industria farmacéutica».

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En relación con todos los medios de transporte, el ministro José Luis Ábalos queda habilitado para adoptar las decisiones necesarias. Por el momento se adoptarán una importante reducción del tráfico. Tanto los servicios públicos como los operadores no sujetos a contratos con el sector público.

Uno de los capítulos del decreto está pensado para garantizar el suministro de alimentos. Las autoridades competentes adoptarán las medidas necesarias para garantizar «el abastecimiento alimentario en los lugares de consumo y el funcionamiento de los servicios de los centros de producción, permitiendo la distribución de alimentos desde el origen hasta los establecimientos comerciales de venta al consumidor, incluyendo almacenes, centros logísticos y mercados en destino». Además el Gobierno «podrá acordar la intervención de empresas o servicios, así como la movilización de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas» para garantizar el correcto suministro alimentario.

 

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España

Viva la democracia española. El librero Pedro Varela podría pasar 12 años en prisión por vender libros que no gustan a la canalla roja prohibicionista

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Su delito: discrepar de la versión oficial y tener sus propias opiniones, tras años de investigación y estudios, acerca de los hechos acontecidos en los territorios ocupados por los alemanes durante la II guerra mundial. El arma del delito: los libros que se apilaban en su librería de la calle Séneca de Barcelona, en el barrio de Gràcia, y que llevan la firma de autores que han sido severamente estigmatizados por atreverse a contrapuntar el punto de vista oficial sobre aquel período histórico. Su nombre, Pedro Varela Geiss. Hasta sus más feroces detractores mediáticos; es decir, casi todos, reconocen en él virtudes ciclópeas que están en peligro de extinción. Es austero, políglota, amante de los deportes de montaña, posee una sobresaliente cultura, desprecia el dinero, vive en la casa familiar, ha optado por la castidad, es cristiano practicante y ha clavado una bandera en una trinchera donde pone: “Me quedó aquí, es mi decisión, venid a por mí”.

Durante una de sus intervenciones para exponer su credo, dijo: “Aquí estoy. Si la gente no tuviese interés por saber lo que pasó en el Tercer Reich yo ya habría cerrado. Donde hay demanda, hay mercado y donde hay mercado hay producción. ¿Qué van a hacer conmigo? ¿Enviarme a Marte? ¿Meterme en un psiquiátrico? Después de toda una vida no puedo decir ahora: “vale, me creo lo del holocausto”.

En 2017, el mismo año del golpe  independentista promovido por los mismos líderes que han sido indultados y amnistiados, se precintó la Librería Europa, se requisaron 15.000 libros, se detuvo a cuatro personas, se efectuaron varios registros domiciliarios, se confiscaron ordenadores y equipos de grabación y se apoderaron de su dinero.

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Empieza el juicio a Pedro Varela

El juicio al librero Pedro Varela y a cuatro responsables más de la Librería Europa, ya cerrada en la capital catalana, acusados de difundir discurso de odio con los libros que ofrecían, ha empezado este martes en la Audiencia de Barcelona.

La primera jornada estuvo dedicada a las cuestiones previas y a los interrogatorios de los acusados, y la previsión es que el juicio dure un total de ocho sesiones repartidas hasta el 29 de mayo.

La Fiscalía reclama una condena de 12 años de cárcel para Varela y de ocho para el resto, todos por delitos contra los derechos fundamentales, organización criminal y asociación ilícita, y había un acusado más pero murió durante la instrucción de la causa.

En el juicio al fundador del Círculo Español de Amigos de Europa (Cedade) también son acusaciones populares el Ayuntamiento de Barcelona, la Federación de Comunidades Judías de España y el Movimiento contra la Independencia.

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Varela y los otros acusados formaban parte de una asociación cultural que contaba con su propia editorial, Ediciones Ojeda, vendían las publicaciones por internet y en la Librería Europa, y organizaban conferencias, todo con la intención de difundir “una línea de pensamiento basada en la cultura del odio supremacista y de animadversión y segregación racial contra lo que ellos consideran como ‘razas inferiores’”, según la Fiscalía.

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