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El gobierno es nuestro enemigo

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La gente lleva años votando por menos inmigración, pero los políticos llenan las ciudades de inmigrantes; el pueblo pide que los recursos sean primero para los españoles, pero el gobierno hace justo lo contrario y trata mejor a los inmigrantes, incluso a los ilegales, que al ciudadano español; el pueblo quiere impuestos moderados y justos, pero el maldito gobierno los sube sin parar.

Cuando el pueblo protesta, el gobierno le llama “ultraderecha”. Cuando protesta por la protección a los ladrones de viviendas, el gobierno le llama “fascista”. Cuando protesta por la brutal delincuencia en las calles, el gobierno le llama “racista”.

Si el gobierno sigue negándose a hacer lo que el pueblo quiere, ¿Qué debe hacer el pueblo, que es el soberano en democracia?

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Lógicamente, debe afrontar la verdad y considerar que el gobierno es el enemigo y obrar en consecuencia porque cada vez que hay una protesta pacífica, el gobierno la reprime y llama a los ciudadanos “ultraderechistas”.

Por fortuna, la acusación de ser de “extrema derecha” está perdiendo rápidamente su eficacia. A muchas personas les da igual que le llamen ultra y otras hasta se sienten honradas cuando les llaman “facha”.

De hecho, cuando alguien es llamado “ultraderechista” en la televisión que el gobierno compra y domina, muchos tendemos a pensar que se trata, seguramente, de una persona honrada que está defendiendo valores como la verdad o derechos pisoteados por la mafia del poder, cada día más claramente identificada Como «él enemigo del pueblo”.

Cada día nos convencemos más de que el poder nos miente y nos maltrata. Son, además, malos ejemplos vivientes y elementos que contaminan y dañan los valores y la sociedad en general.

Nos dicen que los inmigrantes son pobres personas que huyen de la guerra o de la opresión y que buscan un mundo mejor en Occidente, pero comprobamos en las calles que muchos de esos “pobrecitos” llegan para robar, violar y asesinar, que operan como terroristas que quieren destruir el país que les acoge.

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Sorprendentemente, los políticos de nuestros países callan y no hacen apenas nada para acabar con las brigadas de delincuentes y canallas que deambulan por España, sin empleo ni ocupación, generosamente subvencionados, destruyendo nuestros valores y nuestra convivencia.

Cada día está más cerca el que la sociedad, de manera mayoritaria, señale a los gobernantes como “nuestros enemigos”.

¿Qué ocurrirá entonces, cuando no dudemos que los políticos que nos gobiernan son nuestros enemigos?

En esas circunstancias tendríamos que combatirlos.

Los malos políticos, que son multitud, tendrán sólo dos opciones, o se atrincheran en el poder y se comportan abiertamente como lo que son, como enemigos del pueblo, al que maltratan, o dimiten y entregan el poder a los ciudadanos para que construyan algo mejor que la basura que hoy gobierna el mundo.

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Viviremos momentos de gran tensión y dureza en este siglo XXI, que podría pasar a la Historia como el de la “guerra entre políticos y ciudadanos”, un escenario dantesco que sólo es comparable con la antesala del Apocalipsis.

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España

Dimisión forzada del máximo mando operativo de la Policía tras una querella por agresión sexual

Redacción

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En noviembre de 2024, Marlaska dejó sin efecto su jubilación al cumplir 65 años para que continuara en el cargo de por vida.

El director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, el comisario principal José Ángel González, ha renunciado a su cargo después de que un juzgado de Madrid haya admitido a trámite una querella que lo sitúa como investigado por un presunto delito de agresión sexual contra una subordinada, además de coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos. La decisión judicial ha precipitado una salida que ya no podía sostenerse desde el punto de vista institucional, dada la extrema gravedad de los hechos denunciados y la posición de poder del investigado dentro del cuerpo.

La citación judicial está fijada para el próximo 17 de marzo, cuando el juez escuchará tanto a González como a la agente denunciante. La mera admisión de la querella —no una condena— resulta, sin embargo, incompatible con la permanencia en el cargo de quien ha sido durante años el máximo responsable operativo de la Policía Nacional, con capacidad directa de mando y decisión sobre miles de agentes.

Una acusación que apunta a abuso de poder institucional

Según el escrito judicial, la denunciante mantuvo en el pasado una relación afectiva con el DAO que derivó en una supuesta dinámica de abuso de poder, marcada por una asimetría jerárquica extrema. La querella sostiene que la agente se vio incapaz de poner fin a la relación pese a su voluntad expresa, debido al control ejercido por su superior, lo que introduce un elemento especialmente perturbador para cualquier organización jerarquizada como es la Policía Nacional.

Los hechos denunciados se sitúan el 23 de abril de 2025, cuando la agente se encontraba de servicio en la comisaría de Coslada. Según la querella, González habría utilizado su autoridad para ordenar a la funcionaria abandonar su puesto y desplazarse en un vehículo policial camuflado para reunirse con él. Tras un encuentro casual con otro comisario, ambos se trasladaron a la vivienda oficial del DAO, donde, siempre según la acusación, se produjo un acercamiento sexual reiteradamente rechazado por la denunciante.

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El relato judicial describe una conducta persistente pese a las negativas, caracterizada por violencia física e intimidación ambiental. La agente habría logrado abandonar finalmente el domicilio y regresar a la comisaría para devolver el vehículo oficial, antes de dirigirse a su casa. Posteriormente, la querella habla de una cadena de acoso telefónico, manipulación psicológica e intentos de ofrecer compensaciones laborales para evitar la denuncia, un extremo que, de confirmarse, dibujaría un escenario de utilización del poder público con fines estrictamente personales.

El papel del ministro Marlaska y una protección política cuestionada

José Ángel González ocupaba el cargo de DAO desde 2018, cuando fue nombrado por el ministro del Interior, Fernando Grande‑Marlaska. Durante estos años se consolidó como una figura clave dentro del aparato policial y de seguridad del Estado, participando en órganos de alto nivel como el CECOR y el Comité de Gestión Técnica del Coronavirus. Su cercanía al director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, y al propio ministro reforzó una posición de poder prácticamente incontestable.

Especialmente controvertida fue la decisión adoptada en noviembre de 2024 por Grande‑Marlaska de dejar sin efecto la jubilación obligatoria del DAO al cumplir 65 años, recurriendo a una modificación legal ad hoc para permitir su continuidad indefinida. Aquella maniobra fue duramente cuestionada por la oposición y por sectores del propio cuerpo policial, que alertaron del precedente que suponía blindar políticamente a un alto mando de forma tan explícita.

La admisión a trámite de la querella ha terminado por hacer insostenible esa protección. La presión institucional y mediática, unida a las reacciones políticas posteriores, ha forzado una dimisión que llega tarde para muchos y que vuelve a colocar el foco no solo sobre el investigado, sino sobre las responsabilidades políticas de quienes lo mantuvieron en el cargo hasta el último momento.

Una crisis de credibilidad para Interior y la Policía

Cuando el máximo mando operativo se ve envuelto en una investigación por presunta agresión sexual a una subordinada, la respuesta política no puede limitarse a una dimisión forzada por los acontecimientos. El caso expone con crudeza los riesgos de concentrar poder, prolongar mandatos de forma excepcional y confundir lealtad política con control institucional. Y plantea una pregunta incómoda pero inevitable: quién supervisa a quienes mandan cuando el sistema decide mirar hacia otro lado.

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