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El Gobierno elimina por “discriminatorio” el veto al empleo público a pacientes con VIH, diabetes, psoriasis o celiaquía

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Rueda de prensa de la vicepresidenta Carmen Calvo tras el Consejo de Ministros.
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El Gobierno ha aprobado durante la reunión del Consejo de Ministros de este viernes un acuerdo para eliminar, por “discriminatorio”, el veto al empleo público a pacientes con VIH, diabetes, psoriasis o celiaquía, así aproximadamente 7 millones de españoles afectados por estas patologías podrán tener acceso a las próximas convocatorias públicas.

“Hemos previsto que esto puede afectar a 7 millones de personas que ven frustradas sus oportunidades de empleo público en condiciones que el Gobierno considera discriminatorias. Todos los requisitos científico-médicos nos avalan, por el simple diagnóstico de estas enfermedades no se puede cerrar el paso al que quiere acceder a la función pública”, ha señalado la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo.

“Se trata de millones de hombres y mujeres que por un simple diagnóstico ven reducida sus posibilidades a obtener un trato de igualdad”, de modo que el Gobierno ha decidido levantar las causas de exclusión por el diagnóstico médico en las pruebas de acceso, asimismo se proponen adaptar al caso individual de cada una de las personas que no se verán excluidas por el diagnóstico en las pruebas de acceso, “las condiciones de desarrollo del trabajo en una situación donde las evidencias científicas apoyan nuestra decisión”.

Así, ha añadido, se trata de un acuerdo “importantísimo” en el que se ven involucrados “casi todos los ministerios”, siendo el de Interior, Función Pública y Hacienda los más destacados, y que viene a cumplir el artículo 14 de la Constitución y, lo que es más importante, la “igualdad entre hombres y mujeres”.

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“Lo hemos hecho de una manera rigurosa y coordinada con arreglo a las diferentes funciones que una vez accedida a la condición de funcionario público se pueden tener en España”, ha explicado.

Esto significa que, desde el Gobierno, se pretende adaptar teniendo en cuenta las “circunstancias distintas” en el plano de la Administración civil, militar o en el caso de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado e incluso en el empleo laboral. “Se trata de sostener un trato igualitario al máximo posible que nos podemos exigir, teniendo en cuenta que el artículo 14 de la Constitución nos invita constantemente a evitar la discriminación”, ha reiterado.

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2 Comentarios

1 Comentario

  1. Avatar

    Pedro

    07/07/2019 at 13:45

    ¡Cagadas al por mayor y menor! Y, de paso, que vayan pegando sus enfermedades al resto de los españoles…

  2. Avatar

    Pedro

    02/12/2018 at 19:28

    ¡Cagadas al por mayor y menor! Y, de paso, que vayan pegando sus enfermedades al resto de los españoles…

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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