Opinión
El coronel de La Legión Enrique de Vivero denuncia que el Gobierno ha dictado sentencia: «Matamos a los ancianos y ahora los olvidamos»
Enrique de Vivero Fernández*.-La sangría de ancianos muertos ha continuado desde que el día 2 de abril denunciara, en este medio, la situación de los ancianos sin asistencia sanitaria por el COVID, más correctamente llamada gripe china (igual que hubo una llamada gripe española en 1918), ya que cada vez son más los testimonios y los datos que nos llevan a la conclusión de que esta pandemia se originó en un laboratorio en China. Aunque hay muchas personas políticamente correctas que quieren obviar este asunto. [SIGUE MÁS ABAJO]
En España existen unas 375000 plazas en residencias de mayores, repartidas entre las más de 5400 residencias de la tercera edad.
Trasladan a uno de los fallecidos en una residencia de ancianos.
Estas residencias en su mayoría son privadas, ya que ningún gobierno ha querido apoyar a nuestros mayores y proporcionar lugares dignos para estancia de aquellas personas que ya lo dieron todo en su infancia sufriendo una guerra, posteriormente la postguerra, apoyando la transición y en época de crisis ayudando a sus hijos con sus pobres pensiones, que ahora empiezan a atemorizarnos con ver peligrar el esfuerzo de toda una vida.
Pues a estas personas se les ha negado desde el principio, el derecho a ser atendidos debidamente por la sanidad que han estado pagando durante muchos años. A estas personas el Gobierno las declaró personas sin rentabilidad social y no se debía gastar en ellas ni tiempo ni dinero.
El mayor número de residencias con mayor número de plazas las encontramos en las dos regiones castellanas, con una plaza por cada 1300 personas en Castilla-La Mancha y una plaza por cada 1400 personas en Castilla y León.
La lista de fallecidos no ha reconocido diferencias entre residencias públicas y privadas. Algunas residencias privadas, con excelentes directores, han conseguido no tener fallecimientos, gracias a las normas estrictas implantadas por su dirección.
Son diversas las causas de los fallecimientos. El Gobierno se escuda en la avanzada edad de estas personas, en las patologías previas y en la falta de atención del personal de las residencias.
La verdad es que el personal de las residencias hizo lo mejor que pudo, con los medios a su alcance, en la mayoría de los casos.
Un camión del ejército y un vehículo del Samur a su llegada a una residencia de ancianos
A este personal no se le proporcionó el EPI ni otro tipo de equipamientos. Cuando se desencadenó la pandemia, el Gobierno debería haber prestado especial atención a este grupo de riesgo, proporcionando medios y realizando pruebas para detectar el alcance de la propagación de la epidemia.
El Gobierno Sánchez prohibió la venta de EPI,s a las residencias de ancianos, según dijo a La Vanguardia el señor de Miguel Jiménez, director de una cadena de centros de la tercera edad en Madrid , Barcelona y Tarragona.
El Gobierno ha requisado recientemente 2000 test comprados por una multinacional española que se iban a proporcionar a sus empleados.
Las pruebas en las residencias de ancianos debían haber empezado por el personal y cuidadores para separar del trabajo a aquellos que dieran positivo al COVID. Esto no se hizo, ni en las públicas ni en las privadas. Debido a esto, personal cuidador y sanitario, que eran portadores asintomáticos, se convirtieron en el vehículo transmisor dentro de estos centros, involuntariamente y sin posibilidad de saberlo, ya que el Gobierno no los catalogaba como grupo de riesgo.
Este Gobierno nos ha estado engañando y mintiendo desde el principio, cuando el doctor Fernando Simón decía que en España no pasaríamos de algunos casos. El día 7 de marzo, el mismo doctor Simón anunciaba que no era necesario cerrar los centros de día de los mayores y que no había que cambiar la vida social en estos lugares. Había que dar imagen de normalidad ya que el 8M estaba prevista la magna concentración feminista, de la que la vicepresidenta Carmen Calvo dijo que «les iba la vida». En esas fechas teníamos más de 200 fallecidos no reconocidos por el Gobierno, ya que no se habían hecho PCR y no se les autorizó a hacer la autopsia a los servicios forenses.
El Gobierno redactó un protocolo de medidas para trabajadores y personal de residencias. El problema es que en ese protocolo solo hablaba de lavado de manos, de disponer de carteles informativos y de actuar con transparencia, aconsejaba utilizar el EPI para tratar con los residentes contagiados o sospechosos, pero no proporcionaba estos equipos.
Ordenaba reducir al mínimo el número de trabajadores y sanitarios en contacto con los contagiados, es decir, empezar el abandono de los ancianos a su suerte.
En este protocolo a las residencias de mayores, no se hace ninguna observación sobre la realización de PCR,s o de tratamiento, solo el aislamiento en las habitaciones. Se acababa de dictar la sentencia de muerte de nuestros mayores por parte del Gobierno.
Desde mediados de abril el Gobierno no proporciona datos sobre los ancianos fallecidos, con la disculpa de que es distinta la forma de medición en las diferentes comunidades. Con esto el Gobierno está ocultando datos de las personas ancianas fallecidas. Juega con los muertos según sus intereses políticos.
Las cifras son crueles. Hasta el 28 de abril teníamos en España 16500 ancianos fallecidos por coronavirus. Esta cifra es una estimación de un seguimiento que realiza la cadena SER basado en datos de sus estudios. No creo que la cadena SER, que es muy complaciente con el Gobierno, nos esté mintiendo. Las cifras oficiales reconocidas por el Ministerio de Sanidad son de 24.275 fallecidos. El Gobierno no proporciona una cifra de ancianos fallecidos. La diferencia estriba en que el Gobierno solamente reconoce los muertos con COVID confirmado por PCR y no acepta los resultados de los test serológicos o test rápidos. La Comunidad de Madrid y la Generalidad Catalana sí los contabilizan.
Hay más de 55.000 ancianos contagiados de COVID en España, hay regiones de España como Castilla y León, Aragón, Galicia, Extremadura y Navarra, donde los ancianos fallecidos son la mitad del total de los fallecidos en esas regiones.
El problema de estas cifras es que al ser tan elevadas, como dijo el dictador y sanguinario gobernante comunista Stalin «son una estadística». Esta es la visión que tiene el Gobierno Sánchez de nuestros ancianos muertos: una simple estadística.
El Gobierno se comporta de una forma miserable. Todo vale con tal de beneficiar al Gobierno. No quieren que sepamos la cifra real de muertos, no se ha permitido hacer PCR para dictaminar la enfermedad en las residencias y así ocultar el número de fallecidos, no se ha permitido realizar autopsias para conocer el origen del óbito. Todo ello con la única finalidad de ocultar el numero verdadero de muertos, que nadie conoce.
Este Gobierno se ha comportado de una forma rastrera cuando a mediados de abril envió, a través de la dirección del PSOE, una comunicación a los ayuntamientos en los que gobierna para que no se dieran muestras de duelo por las personas fallecidas. El alcalde de Vila Real(Castellón) José Benlloch ha reconocido esta orden y se ha negado a cumplirla.
A los familiares de los fallecidos se les niega hasta lo más elemental, como es poder honrar a sus muertos. Todo sirve para que este Gobierno oculte la realidad. Al no haber muestras de duelo, se ignora a los fallecidos, no existen. Esta es una práctica habitual en los gobiernos de las dictaduras: se censura una noticia, no se da publicidad y eso no existe, en caso de que algo escape a estas indicaciones. Para eso tenemos a NEWTRAL y Maldita, con Ana Pastor y Ferreras como perros guardianes para prestar servicio por el pago de 15 millones de euros que han recibido.
En España hay un total de 18.625.700 de hogares censados en 2019. Sánchez habría hecho un favor a los españoles y a España repartiendo esos 15 millones entre los hogares españoles.
Uno de los últimos engaños y mentiras, a las que nos tiene acostumbrado el Gobierno en este estado de excepción, que no de alarma, es lo de Iván Redondo, el jefe de Gabinete del presidente Sánchez. Este hombre se ha convertido en el Rasputín de la política española.
Iván Redondo proporcionó a la OCDE los datos sobre los test realizados, pero con una particularidad. Como se habían realizado pocas pruebas PCR, incluyó los denominados test rápidos o serológicos . Esos test, que ellos no contabilizan a la hora de identificar a los fallecidos por COVID, en este caso sí convenía tenerlos en cuenta y así aumentar el número de pruebas realizadas, con lo que España quedaba en un honroso octavo puesto en la realización de pruebas . Pero como dice el refranero castellano, «se coge antes a un mentiroso que a un cojo». El diario El Mundo destapó la noticia y el Gobierno del Rasputín Iván tuvo que desdecirse y corregir la cifra, con lo que España quedaba relegada al puesto 17 en la realización de PCR.
Residencia Monte Hermoso (Madrid), donde murieron 19 ancianos por coronavirus
El Gobierno ha anunciado a bombo y platillo que va realizar 60000 PCR para saber el alcance de la pandemia y el grado de contagio. La realidad es que ya llevamos una semana desde la declaración y en Galicia, por ejemplo, los resultados son desalentadores. La cifra de contagiados no llegaría en esa región al 10%, con lo que el rebrote de la pandemia en el otoño o antes, puede ser brutal en el 90% de la población no contagiada, ya que lo que se denomina inmunidad de rebaño no existiría.
Otra posibilidad considerada por el Servicio Gallego de Salud es que los test que se están realizando no tengan la fiabilidad que se dice, ya que se están empleando los test rápidos.
El Gobierno utiliza la crisis en función de sus intereses. Es decir, si los ancianos fallecen en residencias públicas o privadas, si conviene contabilizar los test rápidos o no, si contabilizamos los ancianos muertos en residencia o en hospital. En una palabra todo sirve para minimizar la mala imagen de la gestión del Gobierno en el COVID, aunque de eso ya se está encargando la Guardia Civil. Gracias a su jefe de Estado Mayor nos hemos enterado, pero el general ya ha sido apartado de la imagen pública y no tardará mucho en que sea relevado de su puesto. Nos recuerda lo pronunciado por el cónsul Escipión: «Roma no paga a los traidores», en este caso el Gobierno tampoco a aquellos que le han perjudicado.
El Ejecutivo, en su afán de perseguir bulos y de amenazar con la intervención de la Fiscalía en caso de declaraciones que considere susceptibles de ser un delito, se olvida que además de los millones de españoles que ponen en tela de juicio su actuación, deplorable en todos los aspectos, hace oídos sordos a las opiniones que se plasman en la prensa internacional, prensa por cierto que no es de derechas. No pueden por tanto escudarse en los medios de comunicación ultraderechistas, como vienen haciendo.
El New York Times tituló: «El sistema sanitario español deja morir a los ancianos» y subrayaba la «tragedia en las residencias de una nación que se enorgullece de los cuidados a sus ancianos».
El diario alemán Die Welt ha criticado la acción del Gobierno español por su ineptitud.
Portada digital de «The New York Times» sobre la crisis del coronavirus en España
El británico The Guardian señala los errores cometido por el Gobierno Sánchez durante las gestión del COVID.
Tendríamos que preguntarnos por qué el Gobierno recurre tanto a las compras en el exterior, en China en concreto, y no aprovecha las posibilidades de opciones de otros organismos o empresas españolas.
Un ejemplo es la Universidad de Málaga, que ha dado a conocer la posibilidad de realizar, con los equipos de PCR y los test disponibles que tiene, de diez mil a quince mil test diarios; otro ejemplo es el ofrecimiento al Ministerio de Sanidad por parte del Departamento de Biología Molecular de las Facultades de Ciencias del CSIC. No sólo no se han aceptado estas propuestas, sino que se le han confiscado los test.
Estamos a la cabeza mundial en número de fallecidos por millón de habitantes. El Gobierno ha gestionado peor que Portugal y Hungría, dos países teóricamente más atrasados que nosotros. Se ha sembrado el odio contra los sanitarios, muchos de ellos amenazados por sus vecinos pidiendo el abandono de los domicilios ante la posibilidad de contagio. Esta es la solidaridad que tenemos con nuestros sanitarios, aunque eso sí, por la noche les aplaudimos. Somos un pueblo sin principios, los socio-comunistas nos han atemorizado, han conseguido asustarnos con la propagación de la pandemia.
Somos un pueblo desprovisto de moral y de valores, la doctrina del hedonismo ha calado tan profundamente en nosotros que estamos esperando que el estado nos lo arregle todo, incluso los problemas que ha creado el mismo gobierno que ha logrado convencernos de que nosotros somos los culpables. El caso más claro lo tuvimos el pasado domingo, cuando se liberalizó el paseo de niños sin ningún control policial. Ahora el Gobierno descarga las culpas de los posibles contagios en los insensatos padres que paseaban por la calle.
Este Gobierno es un artista de la manipulación, un buen discípulo de Maquiavelo. Se han apedreado ambulancias y autobuses en las que eran trasladados ancianos de una residencia a otra, desde Alcalá del Valle hasta La Línea, en la provincia de Cádiz. Se han levantado barricadas y contenedores para impedir estos desplazamientos.
Todo este odio entre vecinos contra los mayores, contra nuestros ancianos, contra los 
Después de más de dos meses de atemorizarnos, el Gobierno nos anuncia que, gracias a su maravillosa gestión de la crisis, va a empezar la desescalada, cuando aún son inciertos los parámetros que deben cumplir las provincias.
De lo que se trata ahora es de darnos un caramelo que nos endulce y nos haga olvidar los más de 35.000 muertos en España de los cuales casi 16.000 son ancianos internados en residencias.
La desescalada es un elemento más de propaganda del Gobierno para que nos olvidemos de todas las tropelías cometidas contra nuestros derechos fundamentales, de declarar el estado de excepción bajo la apariencia del estado de alarma, de dar poder absoluto al ministro de Sanidad, medidas todas ellas propias de una dictadura.
Desconocemos el alcance de la pandemia, no sabemos ni de cerca el número de contagiados, el Gobierno ignora el número de fallecidos, no estamos preparados para un rebrote de la pandemia, se ha empezado a despedir personal sanitario contratado con motivo de la crisis, se han desmantelado hospitales que instaló el Ejército…
Estamos ante una muestra de imprevisión y de insensatez de un Gobierno que anda como pollo sin cabeza, para sacar rédito político, ante los sondeos que le anuncian una caída de popularidad.
No tenemos que aplaudir a nuestros sanitarios, tenemos que exigir al Gobierno que les proporcione los EPI,s y los medios necesarios para combatir con seguridad esta peste del siglo XXI.
Tenemos que exigir a este Gobierno que deje de engañarnos. Con el anuncio del plan de desescalada ya estamos pensando en salir a la calle, en ir a los bares, en hacer ejercicio. ¡Qué pronto nos olvidamos de nuestros abuelos fallecidos!
Es hora de exigir al Gobierno que diga la verdad acerca de las cifras de fallecidos, que diga la verdad acerca de la compra del material sanitario, que diga la verdad acerca del ilegal estado de alarma decretado.
Hace falta una Comisión de la Verdad, no esa patraña que ha aceptado el partido Popular, dando una vez más muestra de su debilidad moral.
No tuvieron previsión de lo que debían hacer. Mintieron y engañaron en cuanto al alcance y gravedad de la pandemia, mintieron y siguen mintiendo en las cifras de contagiados y fallecidos.
Han sido unos ineptos en la gestión de la compra del material en el mejor de los casos, si es que no se averigua en el futuro los acuerdos secretos con el broker chino Hangzhou Ruining Trading al que han vuelto a encargar otra compra por valor de de 31 millones de euros, para tres millones de EPI,s.
Este intermediario fue el que proporcionó los test que no tenían la suficiente fiabilidad. Premiamos su falta de fiabilidad con esta compra y con otras que alcanzan hasta 115 millones de euros facturados. Habrá que pensar que hay algo oculto y que tampoco nos quieren decir. Estas compras las efectúa la plataforma de contratación del Ministerio de Hacienda a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), y se han realizado por el procedimiento de urgencia.
Como dijo Marco Tulio Cicerón: «Quién olvida su historia está condenado a repetirla».
* Enrique de Vivero Fernández fue coronel jefe del Tercio Gran Capitán I de La Legión, con base en Melilla.