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Economía

El alquiler que usted paga… al Estado

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José A. Benítez Salas.- Si usted es propietario de su vivienda usted está pagando un alquiler… al Estado.

Es el Impuesto sobre Bienes Inmuebles. También conocido como contribución o catastro, es un tributo directo, real, objetivo y periódico que grava la propiedad de un inmueble, la titularidad de un derecho de usufructo o de superficie y la titularidad de una concesión administrativa sobre el mismo término municipal: un alquiler que usted le paga al Estado por disfrutar de su propiedad. Y si dispone de una segunda vivienda tendrá que pagar también un suplemento en el I.R.P.F.

Aunque con este nombre se le conoce desde 1990 en que entró en vigor la Ley Reguladora de Haciendas locales de 1988 bajo el gobierno de Felipe González sus orígenes son muy anteriores. Nuestros abuelos se referían a él como la “Contribución”.

Fácil de cuantificar y recaudar por su vinculación a los bienes inmuebles fue, desde el principio, una de las principales fuentes de financiación de las administraciones públicas. Solo es necesario tener un catastro permanentemente actualizado.

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Por el contrario, es de los menos sociales pues dá igual la capacidad económica del contribuyente.

Aún así, políticos como Felipe González pretendieron en su día aumentar la recaudación fiscal equiparando el valor catastral de los inmuebles a su valor de mercado. Fue el famoso “catastrazo” que por razones obvias no prosperó.

Esto no quiere decir que los gobiernos posteriores no hayan hecho “mangas y capirotes” con este impuesto que, además, se presta a ello.

Aunque no consiguieron equiparar el valor catastral al de mercado en el IBI, los sucesivos gobiernos han ido incrementando sibilinamente ora la base imponible (Revisión del Valor Catastral), ora el porcentaje aplicado sobre el mismo aumentando la recaudación.

El sistema tributario en España según establece nuestra Constitución en su artículo 31.1 ha de ser justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad y no tener, en ningún caso, carácter confiscatorio.

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A mayor abundancia el artículo 3.1 de la ley 58/2003 General Tributaria indica que la ordenación del sistema tributario se basa en la capacidad económica de las personas obligadas a satisfacer los tributos y en los principios de justicia, generalidad, igualdad, progresividad, equitativa distribución de la carga tributaria y no confiscatoriedad.

Y viene esto a colación porque en una nueva vuelta de tuerca a este impuesto algún municipio de esta provincia ha fraccionado los recibos de mayor importe girados por el IBI ante la incapacidad económica de los propietarios de afrontarlos al contado en un solo pago. Señal inequívoca de que no solo se han alcanzado niveles confiscatorios sino que, además, se están violando todos los principios tributarios antes enunciados.

Mientras tanto, los responsables últimos de la Administración, los políticos, nos distraen con la supresión o no del Impuesto sobre Sucesiones cuando en las economías social y fiscalmente avanzadas los impuestos directos gravan las fuentes de Ingresos progresivamente, pasando aquellos que gravan la propiedad a segundo plano y no imponen alquileres a los ciudadanos que no pueden pagar.

Dicen que cuando se pone una rana en un caldero con agua al fuego, la rana no percibe el aumento de la temperatura y acaba muriendo cocida, ¿nos está pasando lo mismo con la Contribución?

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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