Según el PSOE las CC. AA. no se opusieron a su proyecto de real decreto. Pero, según El Mundo, en las 17 consejerías, Madrid, Galicia, Castilla y León, Murcia y Andalucía se oponen frontalmente a quitar los exámenes de recuperación.

Lo nuevo del PSOE en materia de Educación es que los exámenes de recuperación crean «brecha social». Vamos con la explicación: según la Secretaría Ejecutiva de Educación y Universidades del PSOE hay que eliminar los exámenes de recuperación de la ESO porque «generan una enorme brecha entre quienes pueden costearse económicamente los repasos en el verano y quienes no» y por eso aboga por eliminarlas, dejando que sean los docentes los que decidan «con total autonomía» si el alumno debe pasar de curso o graduarse, pero siempre bajo la premisa de que «la repetición es un factor de desigualdad social». Y esto nos lleva una vez más a preguntarnos: Celaá: ¿Por qué el pobre tiene más facilidad para repetir curso que el rico? ¿Es más tonto?

El argumentario interno del PSOE, al que ha tenido acceso EL MUNDO, es partidario de no poner «límites ni cortapisas normativas», como hasta ahora, a «la capacidad de decisión» de los docentes, pero muchos de ellos replican que esta indefinición sólo puede generar «incertidumbre jurídica». Mario Gutiérrez (CSIF) recuerda que el PSOE quitó los exámenes de recuperación en la Logse (1990) y los «tuvo que volver a poner» en la LOE (2006) por el «caos» que provocó la medida, pues los alumnos iban pasando de curso acumulando lagunas de conocimiento.

El PSOE, sin embargo, ve «falsa la idea de que un sistema educativo en el que se repite o se suspende mucho hace esforzarse más a los alumnos o mejora la calidad del sistema». «Es una idea ya fracasada hace mucho tiempo», recalca. Ya lo decía Celaá, que los alumnos repitan les traumatiza. 

Según el PSOE las comunidades autónomas no se opusieron a su proyecto de real decreto. Pero, según El Mundo, en las 17 consejerías, Madrid, Galicia, Castilla y León, Murcia y Andalucía se oponen frontalmente a quitar los exámenes de recuperación y buscan fórmulas legales para dejarlos como estaban. El País Vasco, por su parte, seguirá por ahora con «el sistema habitual».