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Delicioso bofetón de Hungría a la Unión Europea: Von der Leyen avisa a Hungría de que su ley anti LGTBI es “una vergüenza” y el Gobierno húngaro le responde: “La vergüenza es usted”

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La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tildó este miércoles de “una vergüenza” el nuevo proyecto de ley húngaro que, entre otros aspectos, prohíbe hablar sobre homosexualidad en los programas escolares.

“Esta ley claramente discrimina contra personas en base a su orientación sexual. Va contra todos los valores fundamentales de la Unión Europea”, dijo Von der Layen en una rueda de prensa con el primer ministro belga, Alexander de Croo, para dar luz verde al plan belga de recuperación pospandemia.

La jefa del Ejecutivo comunitario afirmó que ha encargado a los comisarios responsables de estos asuntos que envíen una carta a las autoridades húngaras para expresar las “preocupaciones legales” que les genera esta normativa.

Para Von der Leyen, la ley es una “vergüenza”, por lo que ha prometido este miércoles que usará “todo el poder de la Comisión” para proteger los derechos fundamentales.

El Gobierno de Hungría responde

El Gobierno de Hungría ha respondido a las críticas de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, a la ley con la que se quiere limitar el acceso de los niños a información o contenido LGTBI y ha sentenciado que lo que es una “vergüenza” son sus declaraciones.

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Para Von der Leyen, la ley es una “vergüenza”, por lo que ha prometido este miércoles que usará “todo el poder de la Comisión” para proteger los derechos fundamentales. “Discrimina claramente a la gente en base a su orientación sexual y va en contra de todos los valores fundamentales de la Unión Europea. No vamos a ceder en estos principios”, ha declarado.

La respuesta del Ejecutivo de Viktor Orban ha llegado en forma de un comunicado: “La declaración de la presidenta de la Comisión Europea es una vergüenza porque se basa en acusaciones falsas”. Así, ha cuestionado que Von der Leyen haga pública “una opinión política sesgada” sin haber llevado a cabo antes una “investigación imparcial”.

Budapest considera que la ley de “protección” de la infancia queda englobada dentro de la Carta de Derechos Fundamentales” del bloque, entendiendo que “protege los derechos de los niños, garantiza los derechos de los padres y no afecta a los derechos de orientación sexual de los mayores de 18 años”. “No contiene elementos discriminatorios”, ha apostillado el Ejecutivo de Orban.

El primer ministro ha defendido la ley aprobada la semana pasada por el Parlamento mediante comparaciones históricas, señalando en una entrevista a la agencia de noticias DPA que “en la Hungría comunista los homosexuales eran perseguidos”.

“Ahora, el Estado no solo garantiza los derechos de los homosexuales sino que los protege de forma activa”, ha afirmado, antes de destacar que “la libertad del individuo es el mayor bien”.

En este sentido, ha señalado que cada persona debe “incuestionablemente” elegir libremente su camino en la vida, pero ha matizado que “la educación de los niños debe realizarse en casa”.

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La reforma húngara impone castigos más duros contra la pedofilia, aunque los aspectos que más polémica han generado tienen que ver con la supuesta protección de la infancia, en la medida en que prohíbe charlas sobre homosexualidad en centros educativos y veta la emisión de contenido audiovisual que incluya temática LGTBI en televisión.

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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