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España

Cuáles son las diferencias y similitudes entre PP, Ciudadanos y Vox

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Este domingo los votantes del bloque centro-derecha se enfrentan a un escenario inédito hasta ahora. Si tradicionalmente el PP aunaba sensibilidades para todos los votantes de ese bloque la irrupción primero de Ciudadanos, y ahora de Vox, hace que todos ellos encuentren en su colegio electoral tres papeletas con tres siglas diferentes. Los tres partidos propiciaron un cambio de Gobierno en Andalucía, con los votos de Vox apoyando el pacto entre PP y Ciudadanos. Una fórmula que podría volver a repertirse tras las elecciones generales de este 28A.

El bautizado «pacto a la andaluza» así como las ocasiones que las tres formaciones han compartido apariciones en público juntos (como, por ejemplo, la manifestación a favor de la unidad de España en Madrid) son algunas de las semejanzas que comparten. Pero también tienen diferencias. Estas son algunas de ellas.

En lo relativo a las familias y vida, PP y Vox comparten la propuesta de crear un Ministerio de Familia. Una idea que no aparece en el programa de la formación liderada por Albert Rivera. Las posiciones de los tres partidos difieren en torno al aborto. Si bien el PP, que recurrió la ley en el Tribunal Constitucional y ha afirmado en público que esperan a una sentencia definitiva para posicionarse, esta campaña electoral aboga por promover una ley de apoyo a la maternidad que haga que las mujeres no decidan abortar por cuestiones económicas. En Ciudadanos, que en las anteriores elecciones defendía en su programa mantener la legislación vigente, algo que Rivera ha manifestado en público, no incluye esta vez en su programa ninguna referencia alguna a la cuestión. Vox, por su parte, está en contra del aborto y en su programa indica que se debe suprmir de la sanidad pública.

Las tres formaciones también difieren en lo relativo a la eutanasia. El PP apuesta por mejorar y extender los cuidados paliativos. Ciudadanos, por su parte, aboga por regular la eutanasia. Vox está en contra de la eutanasia. Ciudadanos también se diferencia por su defensa de la gestación subrogada, algo que la formación de Abascal rechaza. En materia de violencia de género, Vox se aleja de PP y Cs al defender la derogación de la ley actual y propone la ley de violencia intrafamiliar.

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En educación, el PP defiende una ley nacional de educación de los 0 a los 3 años. La principal apuesta de Ciudadanos es la creación de un MIR educativo y Vox aboga por un sistema de cheque escolar. Las tres formaciones, sin embargo, insisten en mantener la LOMCE y se centran en asegurar la libertad de cada familia para elegir el modelo educativo. También que el castellano sea la primera lengua en las aulas (en esta cuestión, Rivera también incluye el inglés).

En migración, Casado defendió el pasado martes, en el último debate, la puesta en marcha de un «plan marshall» para hacer frente al reto migratorio. El PP propone ahondar en la cooperación internacional y mejorar los tratados para el retorno y expulsión de inmigrantes ilegales. Ciudadanos defiende la implantación de un visado por puntos para favorecer a aquellos que vengan a trabajar a España y aboga por luchar contra las mafias. Vox va más allá que ambas formaciones y defiende la construcción de un muro en Ceuta y Melila, la deportación de inmigrantes ilegales y la supresión del arraigo como recurso para regularizar la situación en el país.

En esta cuestión Ciudadanos, a diferencia de las elecciones anteriores, ha eliminado cualquier referencia en su programa a la memoria histórica. PP y Vox, por su parte, coinciden en su postura de derogar la ley de memoria histórica.

Sobre el modelo territorial, el PP defiende la implantación inmediata del artículo 155 en Cataluña, un cambio en el Código Penal que convierta en delito la convocatoria de un referéndum ilegal. También aboga por eliminar la posibilidad de indultar a aquellas personas que sean condenadas en caso de rebelión y sedición y por no dar más competencias a las autonomías. Coincide Cs en la aplicación del 155 y la supresión de indultos. Vox, por su parte, aboga por cambiar el modelo territorial y cambiar el Estado autonómico por uno «de Derecho unitario».

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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