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Economía

Cataluña pierde 3.800 empresas y un 28% de inversión por el secesionismo

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El vicepresidente y conseller de Economía de la Generalitat, Pere Aragonès
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El Govern de la Generalitat aprovechó un día informativamente apático como un sábado 29 de diciembre para anunciar que Cataluña saldrá del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y por tanto del control más estricto del Ministerio de Hacienda a partir de mañana.

El vicepresidente, Pere Aragonès, lo anunció como un paso hacia la vuelta a los mercados de la comunidad. Ayer, el presidente, Quim Torra, escogió algunos datos —PIB, paro y exportaciones— para presumir de la evolución económica de la región. Ese discurso omite que desde el pulso secesionista lanzado en el otoño de 2017, Cataluña se desacelera más rápido que la economía nacional y, sobre todo, ha perdido la confianza de ahorradores e inversores. Desde el 1-O Cataluña ha perdido 3.819 empresas, 22.263 millones de euros en depósitos y casi un tercio de la inversión extranjera en la región.

El referendo ilegal desató la inseguridad. En tres meses familias y empresas retiraron de entidades con sede en Cataluña 31.400 millones en depósitos, lo que forzó a grupos como Caixabank y el Sabadell a llevar sus sedes a otras autonomías. A día de hoy, ni esos bancos han vuelto a instalar su domicilio social en Cataluña ni ese volumen de depósitos se ha recuperado del todo.

A pesar de la normalización de los dos últimos trimestres, Cataluña se ha dejado 22.263 millones en ahorros y es la única comunidad que pierde cuota de mercado de forma significativa sobre el total de depósitos del país, al bajar 1,8 puntos porcentuales, del 15,06% al 13,26%, según datos del Banco de España. Solo otras dos regiones, Madrid y Murcia, pierden peso, pero en cuestión de décima, 0,56 y 0,11 puntos respectivamente.

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Más preocupante se antoja la salida de empresas de Cataluña por cuanto esta no ha cesado. En 2017 el número de compañías que abandonaron la región ascendió a 2.536, y solo 548 instalaron en esta comunidad su domicilio social, de forma que la región perdió 1.988 sociedades netas. Entre enero y septiembre de este año, con 1.831 salidas netas, la tendencia no ha remitido: Cataluña ha perdido 2.145 compañías y únicamente 314 han apostado por ubicarse en la región más rica del país.

Cataluña parece haber dejado de ser también polo de atracción de la inversión internacional. En los doce meses inmediatamente anteriores al 1-O había recibido 4.028,8 millones de euros de inversión extranjera directa, según datos de la secretaría de Estado de Comercio. En los doce siguientes cayó un 28%, a 2.900,4 millones, y en el conjunto de 2017 perdió el 60% de la inversión.

Esa tendencia contrasta notablemente con lo que sucede en el resto del país. Mientras que entre enero y septiembre de este año Cataluña ya ha perdido un 16,8% de inversión extranjera, en el conjunto de España se ha duplicado. El descenso de la inversión extranjera en Cataluña «estaría relacionado con la paralización, el retraso o la cancelación de decisiones de inversión», analiza el último informe al respecto de Comercio.

Desaceleración económica

«Cerramos un año con buenos datos económicos. 20 trimestres continuados de crecimiento del PIB; más de 60 meses de disminución interanual del paro, que sitúan Cataluña cerca de una barrera que parecía imposible de alcanzar como es llegar al 10% de paro, y también se han registrado más exportaciones que nunca», defendió ayer Torra en su mensaje de fin de año.

Es cierto que la economía catalana, que ha estado tutelada por el Estado tanto a raíz de la aplicación del artículo 155 de la Constitución como a través del FLA, mantiene el pulso. El año pasado creció un 3,2%, tres décimas menos que en 2016 pero dos más que la media nacional, según los datos de la Contabilidad Regional del INE. Y también es verdad que su desaceleración se enmarca, como en el caso del conjunto de la economía española, en el menor crecimiento global. Pero no menos cierto es que Cataluña empieza a dar síntomas de una desaceleración más acusada que la del resto del país.

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Mientras Cataluña creció en el tercer trimestre de 2018 un 0,5% respecto al segundo trimestre, el conjunto de España repuntó un 0,6%. Es más, las últimas estimaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) apuntan a que el PIB de Cataluña estaría creciendo en términos interanuales al 2,5%, por debajo de la media nacional (+2,7%), lo que apunta a una mayor desaceleración.

Más empleo, pero a menos ritmo

El desafío independentista también se estaría notando en las tasas de creación de empleo. Aunque en los últimos meses ha mejorado, el ritmo de afiliación a la Seguridad Social en esta región, que venía creciendo más que en el conjunto de España, se situó a lo largo del primer semestre por debajo y ahora crece a igual tasa, 2,8% al cierre del pasado noviembre, según datos del Ministerio de Trabajo.

«En Cataluña se ha dado un shock que no ha pasado en otras comunidades y que ha hecho que el empleo pase de crecer por encima de la economía española a hacerlo por debajo», concluye un reciente estudio de BBVA Research que calcula que sin la incertidumbre política, pero también el efecto en el turismo de los cambios regulatorios y los atentados terroristas Cataluña habría creado unos 30.000 puestos de trabajo más.

Aragonès vendió el pasado sábado la salida de Cataluña del FLA y su paso al Fondo de Facilidad Financiera (FFF) como un paso intermedio para volver a financiarse a medio plazo en los mercados, pos sí sola y sin la ayuda del Estado, como ya hace Andalucía. Algo a día de hoy impensable. No solo porque a través de ese fondo volverá a pedir este año 7.000 millones más al Estado, que ya acumula 57.513 millones de deuda de la Generalitat, el 73% del total.

Las agencias de «rating», a diferencia de la mejora de la calificación crediticia a España y otras comunidades como Madrid, siguen considerando la deuda catalana como «bono basura», lo que refleja la desconfianza de los inversores, que exigirían a Cataluña un coste inasumible de asumir por el Govern en caso de querer financiarse sin el respaldo del Estado.

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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