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Casado exigirá a Sánchez un 155 permanente interviniendo la Educación, TV3, los Mossos y toda la función pública

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LR.- El PP va a volver a meter presión al Gobierno por la situación en Cataluña. La agenda de la semana pasada la marcó la polémica dirigida por Ciudadanos (Cs) contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su tesis. Éste es un terreno incómodo para la dirección popular por el «caso del máster» y del que Génova necesita escapar introduciendo otras cuestiones en el debate. Ellos lo justifican con el argumento de que España tiene «problemas reales y graves», como el catalán o el «del deterioro económico», y no puede perder el tiempo con «polémicas estériles como las que calienta Albert Rivera sólo para tener su cuota de protagonismo».

El problema catalán tiene vida propia ante un otoño complicado y en el que todo indica que el único plan del independentismo es la agitación de la calle para acompañar el juicio en el Tribunal Supremo contra los responsables de la declaración unilateral de independencia. El PP no va a competir en la calle con Rivera. Han valorado los pros y los contras y entienden que una cosa es estar en la calle y no abandonar a los constitucionalistas, explican, y otra distinta actuar como otro factor agitador de la movilización en una competición con el independentismo radical «que no puede traer nada bueno». Génova tomó la decisión de no seguir el camino de Cs en la retirada de lazos amarillos, por ejemplo, y dar la batalla en el terreno institucional y de las iniciativas parlamentarias, concretando, por ejemplo, la Ley de Símbolos que el PP ya anunció en su etapa en el gobierno, pero que no llegó a registrarse en el Congreso con Mariano Rajoy en La Moncloa.

Pero esta contención para, según justifican, «no contribuir aún más a la ruptura social», lleva aparejadas nuevas iniciativas políticas que suponen dar varios pasos adelante con respecto a la posición del Gobierno de Rajoy. Si éste último apostó por un artículo 155 de perfil bajo, y como última salida una vez que la declaración unilateral de independencia iba hacia adelante, el nuevo PP entiende que las circunstancias no sólo obligan a volver a activar el 155, sino que el modelo que proponen al Gobierno, y para el que le ofrecen su mayoría absoluta en el Senado es el de la suspensión de autonomía que Tony Blair aplicó en el Ulster. Es decir, no condicionada con plazos predeterminados, como sí hizo el Gobierno de Rajoy en su acuerdo con PSOE y Ciudadanos, al establecer que el 155 se levantaría con la celebración de elecciones y la constitución de un nuevo Gobierno de la Generalitat ajustado a la legalidad vigente. En 2002 el Gobierno británico anunció la suspensión de la autonomía del Ulster ante la crisis creada por el supuesto espionaje del IRA en las sedes de las instituciones autónomas norirlandesas. En Reino Unido la suspensión de la autonomía ha sido un tema recurrente en las relaciones entre Londres e Irlanda del Norte. Desde 1988, el Gobierno británico suspendió en cuatro ocasiones los poderes de Irlanda de Norte. Con Blair, llegaron a estar suspendidos durante cinco años, entre 2002 y 2007.

Vistos los resultados, el PP cree que ahora ha llegado el momento de ir más allá y aplicar un 155 permanente en Cataluña, a la manera del Partido Laborista en el Reino Unido. Son dos contextos distintos, pero en la nueva dirección popular sostienen que la ofensiva independentista sigue adelante y que la presidencia de Quim Torra es «sólo un tránsito más» en el camino marcado por Carles Puigdemont el año pasado. El argumento del Gobierno de Sánchez es que no hay incumplimientos de la legalidad, sino que la Generalitat de Torra se mueve en ese limbo que permite mantener la escenificación de la estrategia de la distensión, la «operación diálogo dos», después de la que emprendió en su día la hoy ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.

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La exigencia con la que va a presionar el PP al Gobierno en estos meses incluye que haya «hombres de negro» en la Generalitat. Que no se dirijan las consejerías desde Madrid, sino cambiando los equipos en Cataluña. «Y, por supuesto, interviniendo la Educación, TV3, los Mossos y toda la función pública». En la negociación de Rajoy con Sánchez y Rivera para aplicar el 155 frente a la declaración unilateral de independencia se optó por destituir a todo el Gobierno de la Generalitat, pero con gestión desde Madrid, y sin que la intervención afectase a la televisión pública ni a otras áreas delicadas, como la educación.

De hecho, el Gobierno de Rajoy obvió la posibilidad de aprovechar el arranque del curso escolar para intentar asegurar que en las inscripciones apareciese simplemente la casilla del castellano. El Gobierno de Rajoy prefirió mirar hacia otro lado con la justificación de que las decisiones en educación competían al Parlamento catalán y la hoja de inscripción 2018-2019 no incluyó ningún cambio significativo con respecto al curso anterior, pese a que estaba en vigor el 155. La intervención no sirvió para que figurase una casilla por la que las familias pudieran decidir si querían la escolarización de sus hijos en catalán o en castellano pese a que, en teoría, la dirección de la consejería de Educación estaba a cargo del Ministerio de Educación que dirigía Íñigo Méndez de Vigo. De hecho, en febrero del año pasado el Gobierno anunció que estudiaba la posibilidad de que en la matriculación del próximo curso escolar en Cataluña se incluyese una casilla en la que los padres pudieran elegir el castellano como lengua vehicular para sus hijos después de que lo solicitase el sindicato de profesores AMES y Sociedad Civil Catalana.

La actual dirección del PP se posiciona en las antípodas de la estrategia con la que el Gobierno de Rajoy, PSOE y Cs desarrollaron de manera conjunta el 155 ante la ofensiva unilateral de Puigdemont. Pero en lugar de entrar en la crítica directa al Ejecutivo de Rajoy explican que la actuación de entonces se debió al interés del hoy ex presidente del Gobierno por preservar el acuerdo entre los partidos constitucionalistas por encima de todo. «Sin embargo, los hechos demuestran que nos quedamos cortos y hay que aprender de los errores», mantienen en Génova. El Gobierno socialista está en la tesis contraria y prefiere poner el acento en los «ámbitos de colaboración y de diálogo abiertos con la Generalitat». Pero enfrente tiene la presión de PP y Cs en su competencia en clave nacional por marcar con más contundencia el camino al independentismo.

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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