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España

Asesores del Gobierno descartan que se pueda exhumar a Franco antes del 2019

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Turistas ante la tumba de Franco en la basílica del Valle de los Caídos.

Diversos técnicos que asisten al Gobierno en su proyecto de sacar a Francisco Franco del Valle de los Caídos descartan que la operación se pueda terminar en lo que queda de año.

En verano, la primera previsión del Ejecutivo fue solucionar el tema antes de este 20 de noviembre. A comienzos de octubre, aún algunos asesores apostaban por terminar entre el día de la Constitución y Navidad. Ahora la maraña legislativa y técnica que aún queda por resolver obliga a Justicia a no mirar al calendario. De cuatro fuentes consultadas, solo una apuesta por acabar antes de Nochevieja.
no costará más de 2.000 euros

El próximo viernes, el Consejo de Ministros dará inicio a la segunda fase del proceso. El Real Decreto-ley 10/2018, con el que el Gobierno arrancó el proyecto el 24 de agosto, prevé que la instructora del procedimiento –Cristina Latorre, subsecretaria de Justicia– eleve informe al Ejecutivo una vez incoado el expediente (31 de agosto), comunicado a las partes (16 de septiembre), recibidas las alegaciones (22 de octubre) y rechazados los recursos. Este último tramo se dio por cerrado este viernes en el Consejo de Ministros.

DÓNDE ESTÁ MERRY

Un plazo de avisos de 15 días se ha alargado desde el 16 de septiembre hasta ahora porque Justicia desconocía el paradero de María del Mar ‘Merry’ Martínez-Bordiu. Para no incurrir en defecto de forma, era obligado notificar el inicio del expediente a todos los nietos del general, pero no daba con la dirección de la más liberal de ellos, supuestamente en Estados Unidos. Por eso tuvo que publicar un aviso en el BOE el 29 de septiembre. Entonces comenzó el recuento de 15 días (excluyendo los fines de semana y el 12 de octubre).

La segunda fase, más que recta final en bajada, parece el ascenso del Angliru. Obligado por una disposición adicional de la Ley del Suelo, el Ejecutivo tiene que remitir al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial (término en el que yace Franco) un proyecto técnico de exhumación. No es probable que el consistorio ponga problemas: tras años de gobierno del PP, hoy manda allí una lista de izquierdas.

A la vez, el Ejecutivo deberá pedir un informe no vinculante a la Comunidad de Madrid, que tiene las competencias de Sanidad Mortuoria. El gobierno madrileño de Ángel Garrido (PP) tendrá un mes para contestar. Y, concluida esta parte, aún Justicia tendrá que dar diez días más a las partes (la familia, los benedictinos del Valle…) para nuevas alegaciones.

El abogado de la familia, Luis Felipe Utrera-Molina, espera a ese plazo para presentar recurso; y se abriría otro periodo de resolución. Además, estos días el prior de la comunidad benedictina que custodia los 33.833 cuerpos enterrados en el Valle, Santiago Cantera, medita llevar a los tribunales de lo Contencioso Administrativo el rechazo del Gobierno, este viernes, a su recurso. Los frailes quieren impedir que por el Real Decreto-ley exhumen también a 19 monjes y otros 172 seglares que reposan en el recinto.

QUÉ HAY EN LA CAJA

El reglamento de Sanidad Mortuoria de la Comunidad de Madrid encarga al subdirector general de Prevención y Promoción de la Salud la vigilancia de estos procesos. El redactor del informe autonómico establecerá primero qué es legalmente lo que queda de Franco. Está claro que no es un cadáver, pues un muerto solo lo es durante las primeras 72 horas; luego pasa a la categoría legal de «resto cadavérico». Pero quizá tampoco sea eso, exactamente, lo que alberga la fosa trasera del altar de la basílica de Cuelgamuros.

La ley madrileña de Sanidad Mortuoria exige que los traslados de según qué restos se hagan en «féretros especiales de traslado», ataúdes estancos cuyo interior, en puridad, «deberá contener una materia absorbente» y que deberán «estar provistos de un dispositivo depurador para equilibrar la presión interior y exterior». Eso obliga a usar una caja de zinc. El cuerpo de Franco ya fue metido en una en 1975, a su vez dentro de la de madera. Ahora bastaría, según los funerarios consultados, con comprobar si aguantó la soldadura y no hay agujeros.

Pasados más de diez años no es obligatoria tanta estanqueidad, pues lo que se suele trasladar son solo huesos. Pero lo que queda de Franco «no son restos que se hayan reducido –indica un veterano tanatopractor (especialista en adecentar y maquillar cadáveres) de la sierra de Madrid–. No es propiamente un esqueleto, sino un cuerpo embalsamado, que conservará buena parte de sus vísceras; quizá deshidratadas, pero vísceras».

El cadáver de Franco fue embalsamado para cumplir la normativa de enterramientos en criptas, y porque fue sometido a «exposición pública sin frío», según la jerga profesional. Se le inyectaron en las venas cinco litros y medio de formol diluido al 20 por ciento en agua. Las fuentes consultadas aclaran que los restos de Franco no son momia, como los de Lenin, porque para eso habría que haberle extraido los órganos.

FÚNEBRE, PERO SIN POMPA

En todas estas disquisiciones técnicas se podrá entrar, en cualquier caso, si hay acuerdo con la familia y el asunto no se eterniza en los tribunales.

El Real Decreto-Ley faculta al Consejo de Ministros a decidir el lugar de reinhumación «en caso de discrepancia entre los familiares o si estos no manifestasen su voluntad en tiempo y forma». No ha sido el caso. Al Gobierno le queda una modificación de la Ley de Memoria Histórica para evitar un posible enaltecimiento en la Almudena.

A falta total de acuerdo, el Estado podría verse en otro dilema: proceder al traslado con «condiciones adecuadas de dignidad y respeto», dice el Real Decreto-Ley, pero realizando solo un enterramiento con la caja estandar de beneficencia, que suele ser de aglomerado de madera y sin crucifijo. Así entierra la Administración a quien no tiene familia ni dónde caerse muerto. Todo lo que se añada a partir de ahí se considera ‘pompa fúnebre’, que el erario paga solo en sepelios de personalidades a las que se quiera homenajear.

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España

Marlaska destituye al coronel de la Guardia Civil en Melilla tras oponerse a sancionar a agentes

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Interior cesa al mando tras desavenencias respecto a las sanciones que la Guardia Civil estudia imponer a los agentes por la tragedia de la valla de Melilla

El Boletín Oficial de la Guardia Civil recoge este martes la destitución del Coronel Jefe de la Guardia Civil de la Comandancia de Melilla, Vicente Torresano Muñoz, cuando llevaba apenas tres meses en el cargo, desde que fuese designado el pasado mes de noviembre, tal como adelantó este periódico. Este repentino cambio se produce, según revelan fuentes del Instituto Armado a este periódico, después de que el nuevo mando se negase a sancionar a algunos de los agentes que actuaron en la valla de Melilla el pasado 24 de junio, en el asalto en el que murieron 23 personas. 

Torresano se oponía a que los agentes fuesen expedientados tras el archivo de la investigación el pasado diciembre por parte de la Fiscalía, quién no advirtió indicios de delito en la actuación que desarrollaron las fuerzas de seguridad cuando más de 2.000 inmigrantes trataron de sobrepasar el paso fronterizo. Es más, según las mismas fuentes, el coronel había propuesto, en una reunión reciente con la Dirección General de la Guardia Civil, un protocolo que protegiese a los funcionarios frente a futuras agresiones. Una propuesta que no fue aceptada por la cúpula de Interior.

El coronel, que había jurado el cargo hace escasos dos meses, ha sido destinado a la Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil, en Madrid, «por necesidades del servicio», según recoge el BOE de la Benemérita. «Reunía el perfil más idóneo para ese puesto en función de su trayectoria profesional», señalan a este periódico desde el departamento que dirige María Gámez. El teniente coronel Arturo Ortega, segundo en el escalafón, estará al mando de la comandancia hasta que se produzca el nombramiento de un nuevo coronel.

Expediente a los agentes

La Dirección General de la Guardia Civil estudia desde diciembre sancionar a los agentes que arrojaron piedras contra algunos de los miles de inmigrantes el pasado 24 de mayo en la valla melillense. Este departamento, según las fuentes consultadas, analiza si la actuación de los guardias civiles es constitutiva de infracción, después de que la Fiscalía de Extranjería censurase la intervención de estos agentes del Grupo de Respuesta y Seguridad (GRS) del Instituto Armado en el escrito en el que archivaba de forma definitiva las diligencias para investigar los sucesos de la valla. 

El Ministerio Público cesó la cuestión afirmando que no advertía indicios de delito en la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, acogiendo con ello la tesis defendida por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Pero, al mismo tiempo, alertó de que, en las imágenes y vídeos estudiados, un grupo de agentes de la Guardia Civil arrojaba piedras contra los migrantes. Razón por la que daba traslado de las mismas al departamento dirigido por María Gámez por «si fueran constitutivos de infracción disciplinaria». 

Desde la Guardia Civil, a finales del pasado año, señalaron a este periódico que todavía «era pronto para aventurar un dictamen», puesto que se debía estudiar «con calma» el decreto de archivo de la Fiscalía. Si finalmente acreditan una infracción por parte de los funcionarios, la sanción dependerá del tipo de falta que imputen al agente: leve, grave o muy grave. Con castigos que van, en el mejor caso, de la suspensión de funciones durante cuatro días, o de empleo entre uno y tres meses, a la expulsión del servicio, en el peor. 

Piden la dimisión de Marlaska

Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), organización decana del Cuerpo, critican el cese del coronel y el abandono de los agentes en las fronteras. «Esperábamos sensatez en la Dirección General y en quienes nos dirigen, pero ni tan siquiera ha habido explicaciones sobre las causas del fin del mandato del Coronel. La nefasta gestión que afecta a la Guardia Civil continúa de este modo y los agentes que trabajan en la frontera son quienes más lo sufren»

«No hay implantados unos protocolos claros ni concretos de actuación, tampoco se dota de la suficiente protección jurídica y quienes tienen cargos de responsabilidad no solucionan los problemas que prevalecen. El problema no son los agentes, es la ineptitud de quienes no están capacitados para desempeñar cargos ministeriales. Es Grande-Marlaska quien debe dimitir de inmediato», denuncian desde la AUGC. 

La portavoz del grupo parlamentario popular, Cuca Gamarra, ha registrado en la tarde de este martes una solicitud de comparencia urgente en el Congreso para que el titular de Interior de explicaciones sobre la destitución del coronel Vicente Torresano Muñoz.

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España

Margarita Robles quiere volver a «humillar» a España con el envío de tanques obsoletos a Ucrania

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Margarita Robles está obsesionada con sacar cuanto antes la chatarra de su departamento, en concreto, quiere deshacerse todo los vehículos que estén obsoletos, el problemas es que pretende enviarlo a Ucrania como paquete de ayuda para la guerra contra Rusia. Y es que, el Gobierno ha anunciado que enviará tanques Leopard, después de que el país que dirige Volodímir Zelenski solicitara estos carros de combate a los países que componen la OTAN. Sin embargo, el problema es que la ministra de Defensa, como ya destacó la semana pasada, los vehículos militares de este tipo con los que cuenta España están obsoletos. Una cuestión que ya puso en el pasado al país español en una situación comprometida por enviar tanques inservibles a Ucrania y parece que pretenden volver a repetir esta jugada.

Desde que Volodímir Zelenski realizó esta petición, varios países que componen la Alianza Atlántica comenzaron a analizar y sopesar esta solicitud, entre ellos España, ya que Rusia advirtió de represalias si se llevaba a cabo este envío. Sin embargo, el Gobierno destacó que seguiría la misma línea del resto de países de la OTAN y, después de que Alemania anunciara que seguiría adelante con el envío, Pedro Sánchez ha anunciado rápidamente que España también lo llevará a cabo. Sin embargo, esto entraña una serie de problemas para el departamento que dirige Margarita Robles.

MARGARITA ROBLES HA ADVERTIDO QUE LOS TANQUES LEOPARD CON LOS QUE CUENTA ESPAÑA ESTÁN OBSOLETOS

La ministra de Defensa ha decidido reunirse con los jefes de Estado Mayor de los distintos ejércitos para ultimar esta cuestión. Sabe que ahora están en el punto de mira de toda la OTAN por su anterior envío de chatarra y no se pueden permitir que esa situación se vuelva a repetir. Además, esta operación se esta llevando a cabo de forma conjunta con el resto de países que ya han anunciado que dotarán a Ucrania de tanques Leopard. Y es que, España está muy comprometida con ayudar al país ucraniano y en todas, así desde que comenzó el conflicto armado no han dudado en enviar armamento y paquetes de ayudas en todas y cada una de las ocasiones que ha tenido oportunidad.

Sin embargo, Margarita Robles puso a España, una vez más, en una situación comprometedora, debido a que intentó enviar a Ucrania 40 tanques Leopard que se encontraban tan deteriorados que era prácticamente imposible enviarlos al campo de batalla. La información la desveló un medio alemán, y dejó a España en un ridículo total. Al parecer, los tanque que Robles pretendía enviar a Ucrania estaban aparcados en una base militar de Zaragoza, desde 2008, y que estaban allí para ser convertidos en vehículos blindados de recuperación, pero fue un proyecto que abandonaron las autoridades.

Tras este intento de deshacerse de la chatarra y colocársela a Ucrania, el pasado diciembre de 2022, la página de la Moncloa publicó una de las reuniones que mantuvo la ministra de Defensa, Margarita Robles. Así, la política intervino por videoconferencia, en la reunión del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania. Durante este encuentro virtual han debatido sobre la cooperación en materia industrial y sobre el valor añadido y la apuesta de futuro que supone el adiestramiento de militares ucranianos. A partir de esta reunión la ministra de Defensa no ha dejado de pensar en el próximo envío que hará a Ucrania, es decir, en la próxima chatarra que les hará llegar camuflada de ayuda. Y más ahora que los vehículos eléctricos han comenzado a entrar en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Margarita Robles está tratando de hacer un hueco en sus dependencias.

Ahora podría volver a repetirse la situación y, además, Margarita Robles ya lo ha avisado, los tanques leopard con los que cuenta España están obsoletos. Sin embargo, Pedro Sánchez parece no estar dispuesto a quedarse a través en esta cuestión y quiere seguir sea como sea la misma vía que el resto de países de la OTAN, aunque ello implique volver a enviar chatarra a este país. Sin embargo, Ucrania no ha sido el único país en el que Margarita Robles ha intentado colar su chatarra.

 

PERÚ TAMBIÉN RECIBIÓ LA CHATARRA DEL MINISTERIO DE MARGARITA ROBLES

¿Operación chollo, o bien operación de diplomacia de defensa? El departamento que dirige la ministra Margarita Robles ha decidido vender a Perú seis helicóptero SH-60F por el módico precio de 600 euros, 100 por aparato. Se trata de la versión “Ocean hawk” de este helicóptero fabricado por la norteamericana Sikorsky, ‘primo’ del célebre Blackhawk. Estos helicópteros, que han estado largos años al servicio de la Armada, especialmente indicados para operar en portaaviones, estaban ya retirados de servicio. Esta operación ha levantado suspicacias en algunos sectores de la Defensa, que creen que habría un mejor destino para estos helicópteros. De fondo, el problema de las Fuerzas Armadas españoles para gestionar la enorme cantidad de material que está obsoleto en sus almacenes.

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España

La Derechita cobarde del PP de Feijóo, escocida por los buenos resultados económicos del pacto VOX-PP en Castilla y León

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Los buenos resultados económicos en Castilla y León, tras la conformación del Gobierno entre PP y VOX, han creado malestar en la sede nacional del PP, que ha propuesto –al PSOE– que gobierne la lista más votada en ayuntamientos –aunque su equipo la extensiva a comunidades autónomas y al Gobierno central–.

No parece gustar que el Ejecutivo de Castilla y León haya impulsado bajadas de impuestos –la región es hoy la segunda comunidad autónoma con el tipo mínimo más reducido de IRPF de todo el territorio nacional–; ayudas a sectores golpeados por la crisis económica –industria, autónomos, mundo rural…– con medidas como los 32 millones para apoyar el comercio de proximidad ; y haya favorecido la conciliación laboral y familiar, la contratación de parados en riesgo de exclusión, la inversión y la creación de empresas. Así, la región cerró 2022 con casi 7.000 parados menos y 8.200 afiliados a la Seguridad Social más que el año anterior.

Además, el pasado mes de noviembre se crearon en Castilla y León 200 empresas, un 19% más que en el mismo mes de 2021, lo que significó un incremento mucho mayor que el del conjunto de España, que fue del 6,6%. Por ello, solamente Canarias (19,5%) presentó una tasa más elevada que Castilla y León en el número de sociedades mercantiles creadas. Además, los Presupuestos de 2023 –aprobados por el Gobierno de coalición PP-VOX en diciembre– destinan a inversión social en sanidad, educación, familia y vivienda ocho de cada diez euros.

Mientras el Ejecutivo de coalición genera prosperidad para los ciudadanos castellanos y leoneses, hay medios de comunicación interesados en que se rompa el Gobierno. El presidente de VOX, Santiago Abascal, ya señaló en abril de 2022, tras la investidura de Alfonso Fernández Mañueco, que ese Gobierno iba a tener «muchos enemigos», pues suponía «una gran esperanza para millones de españoles». «Campo minado para el PP»: así titulo ABC su editorial del pasado 17 de enero tras las medidas provida aprobadas por el Consejo de Gobierno de Castilla y León –y anunciadas en rueda de prensa por el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo (PP), y por el vicepresidente, Juan García-Gallardo (VOX)–«Si [García-Gallardo] no dimite, el presidente castellanoleonés debería considerar su destitución», agregó El Mundo en su editorial del 18 de enero.

Antes de la ratificación del acuerdo de Gobierno y de la investidura de Alfonso Fernández Mañueco, estos medios presionaron para que no hubiera pacto PP-VOX con estigmatizaciones y ataques al partido liderado por Santiago Abascal. «Las tácticas populistas no son en absoluto ajenas a Vox, que impugna parte de los consensos constitucionalistas como el Estado de las autonomías, por no hablar de su nativismo con tintes xenófobos (…). Son estas las partes de su discurso que complican el acuerdo con el PP, el partido que gobierna la UE», editorializó El Mundo tras los comicios autonómicos. «No, si al final Igea iba a resultar con sus exabruptos un mejor compañero de viaje gubernamental», publicó ABC, en un artículo firmado por Alejandro J. García, pocos días antes de la investidura.

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Ayuso formaliza su entrada al exclusivo club de «La Derechita Cobarde» de Feijóo y Cía.: Rechaza TODAS las propuestas de VOX para los presupuestos de Madrid

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recurrido a la sofistería ante VOX por la no aprobación de los Presupuestos y ha señalado que «no ha presentado una sola enmienda a los Presupuestos en cuatro años».

El pasado jueves, Rocío Monasterio, líder de VOX en la Asamblea de Madrid, afirmó que el consejero de Economía y Hacienda, Javier Fernández Lasquetty, negó todas las propuestas de VOX en las reuniones mantenidas con objeto de aprobar las cuentas e insistió en que ambos partidos se podrían sentar y cerrar un pacto político que saque adelante unas nuevas cuentas, pero el PP se niega. «No hay tiempo», sostienen desde el Ejecutivo regional.

VOX, el socio por el que Ayuso, que no logró mayoría absoluta en las elecciones de mayo del pasado año, pudo llegar a la Presidencia, propuso al PP la reducción de medio punto en la escala autonómica del IRPF; la elevación de la partida del Plan de Primera Vivienda; el bono energético para pequeños y medianos comercios de de 500 euros; destinar 30 millones de euros en dependencia mediante un cheque nominativo que incentive el cuidado por familiares en casa; y potenciar y ampliar el actual sistema de becas comedor para las familias más desfavorecidas o con hijos a cargo.

También abogó por la derogación de la Ley Trans de la Comunidad de Madrid; la eliminación de las partidas dedicadas a sindicatos y patronal; y la eliminación o integración de entes y organismos superfluos o duplicados. Y pidió la creación de un registro de okupas, bloqueando ayudas a todo aquel que haya okupado o que tenga delitos de hurto, y una ayuda de 500 euros por hijo y mes para madres con residencia legal en España, de cualquier edad, empadronadas en la Comunidad de Madrid un mínimo de cinco años de forma ininterrumpida por un tiempo máximo de 24 meses desde el nacimiento, entre otras.

Es preciso señalar que VOX aprobó los Presupuestos de 2022 tras un acuerdo de 13 puntos con el PP. «Nosotros somos leales y cumplimos nuestros acuerdos. Queremos dar un mensaje de certeza, de confianza, de estabilidad y de seguridad a todos los madrileños», dijo Monasterio, al tiempo que dejó claro que las cuentas no eran las de su partido, pero sí contenían medidas «para permitir a los madrileños tener un futuro mejor».

Así, logró incluir la gratuidad de Educación en las etapas no obligatorias y en la FP; la reducción de gasto político superfluo; la reducción del gasto en Telemadrid; la auditoría de los centros de menas; las ayudas a adolescentes embarazadas, etc… aunque el PP no llegó a cumplir todo lo pactado.

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