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Tribunales

Anticorrupción pide imputar a Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes en el caso Púnica

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Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes
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La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado este viernes la imputación de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre en el caso Púnica por su presunta implicación en la financiación irregular del Partido Popular en Madrid, una de las piezas separadas del caso. El Ministerio Público ha solicitado una batería de medidas para impulsar la investigación de la Púnica y conducir sus once piezas a sus respectivos enjuiciamientos.

Con esta petición, Anticorrupción considera que Aguirre, que presidió la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2012, debe rendir cuentas por las supuestas prácticas sospechosas de financiación del PP madrileño en la época en la que estuvo al frente del mismo, entre los años 2004 y 2016. Es la primera vez que su imputación es solicitada por el Ministerio Público, cuyo criterio suele marcar los pasos de los jueces investigadores.

Fuentes de la investigación han informado de que Anticorrupción también ha solicitado la citación como investigados por los mismos hechos de Cristina Cifuentes e Ignacio González, también expresidentes de la Comunidad de Madrid y antiguos responsables de la formación regional. Toda una era popular en el punto de mira de la Fiscalía, que también ha pedido la imputación del expresidente de Indra Javier Monzón y el exconsejero madrileño Juan José Güemes.

El magistrado que dirige este caso, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, rechazó en el pasado citar a Aguirre tanto en la investigación a la Púnica como en otra causa de corrupción, el caso Lezo, que indaga en otra supuesta trama corrupta que anidó en el Canal de Isabel II, siempre tras solicitudes de las acusaciones populares del PSOE madrileño e IU.

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En este pieza del caso Púnica, la número nueve de la investigación, la Guardia Civil ha aportado informes en los que sostiene que el PP de Madrid gastó sistemáticamente más dinero del declarado ante la Cámara de Cuentas en las campañas de las elecciones municipales y autonómicas dee 2007 y 2011, y en los actos de la campaña de las generales de 2008 que organizó la formación regional. Según el cálculo de la Unidad Central Operativa (UCO), el PP usó casi cinco millones de euros de una supuestaba contabilidad opaca.

El partido habría obtenido estos fondos por varias vías, según los investigadores: donaciones en metálico, desvío de facturas electorales a empresas adjudicatarias de concursos públicos y pago de gastos de las campañas con el dinero que recibía Fundescam de la Comunidad de Madrid para organizar cursos de formación para los trabajadores. Aguirre ha asegurado en público en varias ocasiones que nunca se llevó dinero relacionado con dicha fundación.

Al mismo tiempo, Anticorrupción ha propuesto al juez investigador una reordenación de las ramas de la causa en once piezas, con la finalidad de «simplificar e impulsar el procedimiento». La trama Púnica es una red de corrupción que, según la investigación, fue dirigida por el antiguo vicepresidente de la Comunidad de Madrid y ex secretario general del PP madrileñoFrancisco Granados.

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Víctimas de ETA: El Gobierno se orina en sus muertos. ¿Han encontrado sus gónadas ya y harán algo útil, o siguen como siempre?

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El Gobierno traslada al País Vasco a los etarras que mataron a Jiménez Becerril y Ernest Lluch

Las víctimas denuncian que quedan 14 terroristas sin trasladar a País Vasco y Navarra siguiendo la «hoja de ruta de humillación»

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha acordado con el Gobierno Vasco el acercamiento de otros seis presos de ETA, así como de un septimo que irá a la prisión de Pamplona (Navarra), incluyendo los asesinos del exministro socialista Ernest Lluch y del concejal del PP en Sevilla Alberto Jiménez-Becerril y su mujer Ascensión García.

Entre los acercados al País Vasco están Fernando García Jodrá y José Ignacio Cruchaga Elezcano, condenados ambos por el asesinato -entre otros- del exministro socialista Ernest Lluch. También José Luis Barrios, el etarra condenado por asesinar al matrimonio Jiménez-Becerril.

Los otros etarras que irán a prisiones vascas -cuyo Gobierno asumió el año pasado las competencias en materia penitenciaria- son Fernando Elejalde Tapia, Jesús María Echevarría Garaicoechea y Daniel Pastor Alonso. Todos tienen delitos de sangre. A Pamplona irá Francisco Ruiz Romero, condenado por matar al político navarro Tomás Caballero, padre del actual presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo.

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Para la Asociación de Víctimas Dignidad y Justicia, este acercamiento demuestra que hay un plan del Gobierno para que el máximo número de etarras posibles vuelva a casa por Navidad. «Hoy se culmina prácticamente la ‘operación Almendro’ de Sánchez para tener a todos los asesinos de nuestros familiares antes de final de año, incluso antes de Navidad. Hoy 7 de los 14 que faltaban. Hoy con alevosía y nocturnidad los acerca y nos lo comunica a las 14.30 h del viernes de las comidas de empresa y de Navidad», ha denunciado Daniel Portero, presidente de la asociación, en declaraciones a THE OBJECTIVE.

Por su parte, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha criticado que «los socios de Bildu siguen con su hoja de ruta de humillación a las víctimas del terrorismo». Según su recuento, ya sólo quedan 14 etarras cumpliendo condena en prisiones que no sean las del País Vasco y Navarra tras poner fin el Gobierno de Pedro Sánchez a la política de dispersión.

Más del 90% de los presos, en el País Vasco

En cualquier caso, estos movimientos suponen, según denuncia las asociaciones de víctimas, un paso previo al fin de los acercamientos y a que todos los internos de la extinta banda ETA, como viene advirtiendo esta plataforma, pasen las navidades cerca de su familia «sin haberse arrepentido ni haber colaborado con la Justicia». 

La operación Navidad está a punto de culminar. O eso, al menos, dicen los datos. Con estos últimos acercamientos, ya solo 14 presos de la banda terrorista cumplen pena en prisiones fuera del País Vasco o Navarra, tras los 368 traslados que ha acordado el Ministerio del Interior con el Ejecutivo vasco, de quien depende la gestión penitenciaria desde octubre de 2021. En otras palabras, el 90,5% (158 de 180) de los internos de ETA cumple pena en alguna cárcel de las regiones mencionadas anteriormente, según cifras de la AVT.

De estas estadísticas también se obtiene otro dato: desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno, el Ministerio del Interior ha ejecutado el acercamiento de un preso etarra cada cuatro díasNo obstante, gran parte de estos traslados (143) se llevó a cabo en 2021. Un año en el que el departamento dirigido por Grande-Marlaska puso fin a la política de dispersión de presos etarras. Entonces, Interior ordenó el traslado de los cuatro últimos reclusos de ETA que permanecían en cárceles de Andalucía.

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Los presos que cumplen condena en las prisiones más alejadas, en concreto a más de 300 kilómetros del País Vasco, son tres. Dos en el centro penitenciario de Estremera, en Madrid; y otro en la prisión de Topas, en Salamanca. El resto, 17, se encuentran en cárceles a menos de 200 kilómetros de su casa. Ninguno de ellos, además, cumple pena en régimen cerrado. Es decir, todos gozan de tercer grado, lo que implica permisos puntuales de salida e incluso dormir varios días en casa.

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